En los trazos gruesos, el acuerdo con la eliminación de los subsidios es casi unánime, admitiendo el ‘casi‘ por la vieja costumbre nacional de que el ajuste siempre lo tiene que hacer el otro. Pero a medida que se avanza en las pocas precisiones que se dieron a conocer de lo que podría ser la implementación de la quita de subsidios, comienzan los interrogantes que dejan al desnudo nuevamente el propósito de hacer de la necesidad virtud.
Si la intención pasa por establecer un criterio de justicia social, ¿habrá que inferir, por contrario sensu, que hace ocho años que se aplica una política socialmente injusta en materia de asignación de recursos del Estado nacional? Las razones por las que no se procedió con anterioridad a eliminar o reducir los subsidios no fueron explicadas oficialmente y la respuesta queda en las interpretaciones que realizan al respecto los analistas: para algunos se debe a la falta de transparencia en la información pública -que afecta incluso al propio Gobierno a la hora de identificar a los sectores sociales y económicos a los que se busca beneficiar- y otros menos benevolentes apuntan a que es ahora y no antes cuando las necesidades fiscales se volvieron apremiantes. Estos últimos, números en mano, alertan sobre el crecimiento exponencial de los subsidios en los últimos años y advierten que la suma de asignaciones a sectores económicos y sociales ya casi llega a uno de cada cuatro pesos de los recursos del Estado nacional. Una proporción capaz de corroer al más acorazado de los blindajes en tiempos de crisis. Pero incluso obviando la pregunta sobre la demora en la implementación de la medida, surgen otras no menos importantes: ¿El Poder Ejecutivo modificará su proyecto de ley de Presupuesto, ahora que se anunció un recorte de más del 6% de los recursos previstos para subsidios el año que viene? ¿A qué destinará el Gobierno el ahorro derivado de los recortes de subsidios anunciados y por anunciar? ¿Cuántos asistentes sociales se necesitarán para atender los requerimientos de los clientes socialmente vulnerables? ¿La zona norte del Gran Buenos Aires no cuenta con barrios tan o más opulentos de Puerto Madero? Mientras tanto, en más de un estudio jurídico se relamen ante el escenario que se vislumbra, con recursos de amparo para todos los gustos.
