La pulseada que hace largo rato mantiene la Nación con parte de la comunidad mapuche en el sur del país tiene ahora un nuevo episodio para agrandar la polémica: un fallo judicial sin precedentes intimó al Gobierno a que le entregue títulos de propiedad a una comunidad mapuche que está asentada en el perímetro turístico de Bariloche. El lof Trypay Antú, liderado por la lonko de 85 años Clorinda Gualmes, logró, tras una extensa puja legal, una sentencia favorable en la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal para obtener las escrituras de esas tierras fiscales atribuidas al Ejército.

La jueza María José Sarmiento, que siempre falló contra el gobierno de Mauricio Macri en distintas causas, le ordenó días atrás al Poder Ejecutivo que "en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al lof Trypay Antú". Fue una de sus últimas sentencias, pues la magistrada se jubiló y dejó su despacho el jueves último.

La gestión de Mauricio Macri, marcada por encendidos episodios con algunas comunidades mapuches radicalizadas que irrumpieron con reclamos territoriales, ya apeló el fallo, por lo que la sentencia aún no está firme.

Se trata de una de las áreas más apetecidas por los emprendedores inmobiliarios. Se estima que las tierras, por su ubicación a 15 km del centro de Bariloche y características geográficas, tienen un valor estimado de base de entre U$S 25 y 30 millones. Pero estas tierras fueron concedidas en 1937 por el Estado al Ejército Argentino (Regimiento de Montaña 10) por lo cual la discusión judicial fue trasladada por el abogado de la comunidad, Manuel Aliaga, a los tribunales federales de la capital.

 

Son 240 hectáreas que los mapuches venderían para proyectos inmobiliarios.


Según un informe del sitio Patreon, detrás del reclamo indígena existe un proyecto inmobiliario de grandes dimensiones que incluye una cancha de golf profesional, emprendimientos hoteleros, restaurantes, parques y una comunidad ecológica.

Según fuentes judiciales, se trata del primer fallo de la Justicia Federal que ordena la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena. Los antecedentes se registraron en fueros provinciales, pero es la primera vez que el Gobierno recibe una orden de este tipo.

Con los focos de tensión aún latentes en la Patagonia, el fallo inquieta a la gestión de Cambiemos. El argumento que esgrime el Gobierno es que "no hay una ley de propiedad comunitaria para instrumentar una sentencia de este tipo".