La Agencia que propone Cristina Fernández concede más poder a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Alejandra Gils Carbó, de plena confianza de la mandataria, blanco de críticas por su parcialidad política. La reforma deja todavía sin despejar muchas dudas sobre el funcionamiento de los servicios de Inteligencia. Las mayores críticas de oposición y analistas se centran en el aumento de competencias de la fiscal general y en la duración de los cargos, cuatro años, lo que implicaría que el próximo Gobierno tendría que trabajar con jefes de Inteligencia elegidos en el mandato de Cristina. Las críticas alcanzan también al jefe del Ejército, César Milani, denunciado por su actuación durante la dictadura, que queda fuera de la órbita de la Agencia. Oposición y analistas se preguntan por qué Cristina plantea ahora la disolución de la Secretaria de Inteligencia, tras ocho años en el poder y en la recta final de su mandato.