A menos de un mes de que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo llegue al recinto del Senado para la votación, una propuesta de modificación impulsada por legisladores cordobeses comienza a cobrar fuerzas como un salvavidas para que la ley de aborto no muera en la Cámara Alta.

Se trata de la "opción Córdoba" y podría convertirse en la salida de emergencia en medio de la resistencia de algunos senadores que pone en peligro la sanción definitiva del proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. De todos modos, si hay modificaciones, aunque sean mínimas, para sumar votos a favor, el proyecto indefectiblemente debería volver a la Cámara Baja.

La llave que podría destrabar el debate y sumar votos a favor de la iniciativa tiene tres puntos principales pero todo gira alrededor de la objeción de conciencia tanto para los profesionales médicos como para las instituciones sanitarias.

Los últimos sondeos muestran que 27 senadores apoyan el proyecto tal cual salió de Diputados; una, la neuquina Lucila Crexell (MPN), se abstendrá; y 10 mantienen el misterio sobre la postura que adoptarán. Ellos son Inés Blas, Ángel Rozas, Juan Carlos Marino, Daniel Lovera, Julio Martínez, Juan Carlos Romero, María Belén Tapia, Eduardo Costa y Omar Perotti.

Pero la clave no sólo está en quienes no decidieron su voto, sino también en los 34 senadores que ya anunciaron que no están dispuestos a convertir en ley el proyecto, pero creen que la iniciativa debe ser modificada.

En este último grupo, que podría cambiar el rumbo del debate legislativo, se inscriben los senadores de Cambiemos Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado y el peronista Carlos Caserio, representantes de Córdoba que anunciaron que impulsarán un dictamen con modificaciones.

En el caso de que haya modificaciones en el Senado, el proyecto debería regresar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores sólo tendrían dos caminos: la aceptación de los cambios del Senado o la insistencia con la versión original. En este último caso, le alcanzará con votar con la misma mayoría con que se le introdujeron los cambios. Por ejemplo, si los cambios se aprobaron en el Senado por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes), en Diputados podrán ratificar la versión original con mayoría simple. Pero se corre el riesgo de alterar el ánimo popular y demoraría la sanción definitiva de la ley.

La introducción de la objeción de conciencia institucional, la eliminación de la inhabilitación a los responsables o profesionales médicos que se nieguen a practicar un aborto y la extensión de la responsabilidad por la realización de la práctica al establecimiento "derivante", de ser necesaria una derivación, son los principales cambios que pedirán los senadores de Córdoba.

El senador Martínez se manifestó "absolutamente en contra" del artículo 2 del proyecto, que penaliza con la inhabilitación de tres meses a un año, de uno a tres años si resulta en perjuicio de la salud o la vida de la solicitante, al titular de un establecimiento o al profesional de la salud "que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto" en los casos legalizados.

"Si despenalizamos el aborto no tiene sentido penalizar a un profesional por negarse a realizar la práctica; este artículo no debería continuar", dijo Martínez. También manifestó su "firme postura" a favor de permitir la objeción de conciencia institucional. El proyecto sólo contempla esa posibilidad con carácter individual para los profesionales médicos, obligando a hospitales y clínicas a ofrecer el servicio de aborto legal, seguro y gratuito.

La semana 14
 

El dictamen que propondrá el senador Ernesto Martínez a sus pares cordobeses mantendrá la semana 14 como límite para la legalización del aborto. "Doce semanas serían tres meses y las otras dos semanas sería el tiempo que le toma a la mujer darse cuenta de que tiene un atraso; suena lógico", aseguró.

Fuente: diario La Nación.