Después de un intento fallido, Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro del exvicepresidente Amado Boudou, ingresó ayer al régimen de testigos protegidos, lo que abriría la puerta para llegar hasta los cerebros de la asociación ilícita en la compra ilegal de la exCiccone Calcográfica, la fábrica de hacer billetes.

Vandenbroele, abogado de profesión, está acusado de haberle prestado el nombre a Boudou para que se quedara con la imprenta con capacidad para imprimir billetes.

Dueño de la firma The Old Fund, que se quedó con Ciccone antes de su estatización, también es investigado por la participación de esa empresa en la renegociación de una deuda de la provincia de Formosa y el Estado.

La Justicia y el Gobierno esperan que Vandenbroele declare ante al fiscal Jorge Di Lello y "apunte para arriba" en la organización que presuntamente comandaba Amado Boudou para la compra de Ciccone, lo que complicaría aún más al exvicepresidente, hoy detenido en el Penal de Ezeiza.

En la indagatoria que dará en los próximos días antes Di Lello, Vandenbroele deberá dar datos o documentos que incriminen a los cerebros de la asociación ilícita que hizo la maniobra, tanto con Ciccone como con un asesoramiento por la renegociación de la deuda de Formosa con el Gobierno nacional.

"Si Vandenbroele "no apunta para arriba", el fiscal no podrá ofrecerle una reducción de penas en este proceso de arrepentimiento que, hasta ahora, sólo se usó con Leonardo Fariña en la causa que investiga la ruta del dinero K.

El abogado podría responder incógnitas clave de la causa, como por ejemplo, cuál fue el verdadero rol de ciertos miembros de la familia Ciccone en la venta de la empresa; quién fue el financista en las sombras, Raúl Moneta, el banquero Jorge Brito o alguien más; quiénes son los dueños aún ocultos de la sociedad The Old Fund; entre otras.

El primer paso de Vandenbroele para ingresar al Programa de Protección a Testigos Protegidos, también aplicable a imputados colaboradores, fue firmar en la tarde de ayer en los tribunales un acta que le permitió entrar al régimen de protección de testigos de imputados del Ministerio de Justicia.

Este régimen le permite tener seguridad, una casa segura y un subsidio mensual para pagar sus gastos mientras se encuentra en este sistema.

El segundo paso será declarar ante el fiscal en los próximos días. Luego, el fiscal Di Lello tendrá que evaluar si le dio información para que avance la causa. Y finalmente será el juez federal Ariel Lijo quien homologará el eventual acuerdo.

En octubre, una primera negociación fracasó cuando Vandenbroele, además de protección y una casa segura, pidió "un millón y medio de dólares".

En el gobierno sospechan que un empresario, involucrado en la maniobra, estaba financiando a Vandenbroele.

En esta segunda negociación, previa a la presencia del abogado en Comodoro Py, participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El viernes pasado hubo un encuentro clave donde el abogado "se dio cuenta que era su última oportunidad antes de una condena". Tras las detención de Boudou dictada por Lijo, está preocupado por su futuro y aliviado por la posibilidad de no sufrir más presiones.

"Se fue de la reunión sabiendo que decir la verdad ante la Justicia era la opción más segura para él", contó uno de los participantes de las conversaciones. Luego se fue a Mendoza y durante el fin de semana en el Gobierno "cortaban clavos" a la espera de una decisión final.

El mensaje llegó y el fiscal Di pidió que la firma del acta se realice fuera de Comodoro Py para mantener la declaración en reserva. Pero lo persuadieron de que era imposible que una noticia de esa envergadura no se filtrara. Finalmente el acta se firmó en la oficina del fiscal.

Si bien el programa de protección lo decide el ministro de Justicia, Germán Garavano, Bullrich tiene que asignarle una fuerza de seguridad federal que le dé garantías sobre su vida para los próximas y tensas semanas. Durante esas conversaciones intermitentes resultó clave, desde el principio, la negativa de Bullrich a pagar "un millón y medio de dólares".

Hasta un año para corroborar lo dicho

La Ley del Arrepentido establece que el imputado que colabore con la investigación podrá conseguir una reducción de pena, negociada previamente con la fiscalía, toda vez que en el proceso judicial se constate la veracidad de la información aportada.

"La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido", sostiene el texto de la norma. El juez federal Ariel Lijo, o el fiscal Di Lello, tendrán hasta un año para "corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado".