Dirigentes del sector minero de Mendoza manifestaron ‘incertidumbre‘ sobre el futuro del proyecto de la empresa Vale en Malargüe, mientras hoy vencerá el plazo que el Gobierno provincial le impuso a la compañía para que informe su plan de trabajo para extraer sales de potasio.
La minera de capitales brasileños suspendió hace dos semanas sus actividades por tiempo ‘indeterminado‘, lo que afectó a unos 4.000 empleados que de todas formas lograron cobrar sus jornales tras un acta compromiso entre el gremio UOCRA y la empresa. En tanto, la Asamblea Popular del Agua acusó a la compañía por ‘daños sociales y ambientales en 38 países‘ y advirtió a los trabajadores que ‘en poco tiempo perderán su trabajo ya que los estables serán 386 obreros según los estudios que presentaron‘.
El gobernador Francisco Pérez intimó días atrás a Vale a presentar un cronograma de trabajos bajo la amenaza de quitarle la concesión y, según el gobierno, ese plazo vence hoy. El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, dijo que la situación con Vale era de ‘incertidumbre‘ y lamentó la falta de información ‘oficial‘. En ese marco, explicó que habían ‘conformado una mesa de enlace para pedirles (una solución) a las partes, a Vale, al gobernador y a nivel nacional vamos a hacer la presentación que corresponda‘.
Ferrer dijo que intentará ‘como mesa de enlace, como Fecasemi y como Casemmza, poder sentarnos con los actores, con los que deciden‘. ‘Somos protagonistas, nuestras empresas que representamos y los trabajadores que representan los sindicatos son protagonistas todos los días del movimiento de esa mina, y por eso lo vamos a pedir‘, advirtió.
‘El lunes (por hoy) tendríamos que estar trabajando todos‘, agregó. Fernando Anaya, sindicalista de la UOCRA, afirmó que ‘hoy los trabajadores están cobrando, hemos logrado hacer un acta compromiso con la empresa, para que cobren los jornales, es decir, las 8 horas y presentismo‘.
La organización ambientalista Asamblea Popular por el Agua cuestionó a la empresa y sostuvo que ‘la empresa se caracteriza por imponer condiciones a pueblos y gobiernos, por no respetar a las comunidades y por tener una gran sed de acumular ganancias sin importar consecuencias sociales y ambientales, ni promover el progreso tan promocionado‘.
En Mendoza, añadieron, ‘pretende evadir todo tipo de informes de impacto integrales porque les permite cambiarlos según sus necesidades‘. Y, detallaron que a dos años del inicio de la explotación ‘ni el gobierno ni la empresa han precisado cómo se abastecerán los dos millones de metros cúbicos de gas diarios que necesitan según sus declaraciones, ni de dónde sacarán el gas‘. Fuente: DyN