Los acreedores que demandaron a Argentina tendrían que esperar al sucesor de la presidenta Cristina Fernández para negociar el cobro de sus bonos, ya que el Gobierno no ha mostrado intención de endulzar su oferta aun cuando a partir del 1 de enero quede desactivada la cláusula RUFO, el escollo que tiene para hacerlo.
Si bien un acuerdo sería beneficioso tanto para los tenedores de deuda como para Argentina, el país no quiere arriesgarse a hacer un pago que podría disparar multimillonarios reclamos de otros bonistas. Del otro lado del ring, los acreedores que demandaron al país y no aceptaron los canjes previos de deuda no cederán fácilmente en su pretensión de cobrar toda la deuda porque cuentan con un fallo favorable de la justicia de Estados Unidos. Como nadie parece dispuesto a dar el brazo a torcer, no se ven muchas posibilidades de una negociación exitosa en los próximos meses.
‘No va a haber nada nuevo. No cambia nada para nosotros ni el 1 de enero, ni el 2, ni el 3, ni el 4‘, señaló a Reuters una fuente del Ministerio de Economía, aludiendo a una cláusula que vence el 31 de diciembre y que impide ofrecer mejores términos que los aceptados por los que canjearon sus bonos años atrás.
Argentina cayó en default técnico a mediados de año, luego de negarse a cumplir un fallo de un juez de Nueva York que ordenó pagar el total de los 1.330 millones de dólares más intereses que debe a los fondos, conocidos como ‘holdouts‘ por haber rechazado los canjes. El magistrado bloqueó entonces los pagos del país a los demás acreedores de su deuda, asegurando que antes de pagar a los que aceptaron canjear sus bonos, Argentina debía cancelar su pasivo con los holdouts. Incluso ayer vencían bonos DISCOUNT por 1.000 millones de dólares.
‘Que (hoy) se pague la sentencia a mí me parece prácticamente imposible‘, dijo Maximiliano Castillo, director de la consultora económica ACM. ‘Creo que (con un nuevo Gobierno) se soluciona mucho más rápido, porque en mayor o menor medida todos están diciendo que la sentencia hay que cumplirla‘.
Bajo una eventual presidencia de Daniel Scioli o de los opositores Mauricio Macri -quien dijo públicamente que hay que cumplir con el fallo de la justicia estadounidense- o Sergio Massa, un acuerdo sería más factible.
Desde que estalló el conflicto, el Gobierno ha repetido una y otra vez que no pagará a los holdouts más de lo aceptado por los bonistas que ingresaron a las reestructuraciones del 2005 y del 2010, o sea entre 25 y 29 centavos por cada dólar adeudado. Uno de los argumentos del Gobierno era la cláusula contractual conocida como RUFO (Rights Upon Future Offers), que impide hacer mejores ofertas a los demandantes -a los que el Gobierno llama ‘fondos buitres‘- que las acordadas en los canjes. Aunque la cláusula vence hoy, no hay indicios de que Argentina cambiará de postura.
‘Primero decían que el primero de enero íbamos a salir corriendo después de la cláusula RUFO‘, dijo Fernández en un reciente discurso. ‘Realmente estos buitres están perdiendo algunas plumas. ¿Y saben qué? Me parece que van a terminar siendo un cachivache (objeto inútil) más que buitres‘.
Argentina pretende pagar no sólo a los fondos, sino a todos los acreedores que no reestructuraron la deuda y que son un 7 por ciento del total, pero con la misma quita de los canjes. De todos modos, aunque las partes hallaran terreno común, no podría lograrse un acuerdo de un día para el otro.
‘El proceso de resolución no es fácil. Si Argentina quiere resolver con todos los acreedores tendrá que hacer un nuevo canje global, que implica muchos pasos‘ dijo Castillo de ACM, que calculó que el proceso podría durar seis meses.