Arrepentido. Carlos Wagner, el empresario preferido del Gobierno kirchnerista, contó a la Justicia cómo era la cartelización de la deuda dentro del Club de la Obra Pública.

 

Si el jueves causó alto impacto político la confesión del exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, confirmando el aporte de fondos ilegales a la campaña en 2013 que daba un grado de certeza inimaginado a la coimas por la obra pública; ayer, del lado de los empresarios involucrados se puso la frutilla al postre: Carlos Wagner, quien fuera presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, declaró como arrepentido y explicó cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos.

Ante el fiscal, Carlos Stornelli, Wagner señaló, según fuentes judiciales, que producto de una negociación con el ministro de Planificación, Julio De Vido, debían entregar como coimas los adelantos de obra que pagaba el propio Estado nacional. Los montos del adelanto oscilaban entre el 10% y el 20% del total de la obra. Otro modo de entregar coimas consistía en devolver parte de lo que recibían como certificados de obra.

El poderoso dueño de la constructora Esuco, de 76 años, era el empresario "favorito" de los Kirchner, por lo tanto, una pieza clave en el rompecabezas de los cuadernos de las coimas, porque conocía de cerca la distribución de la obra pública.

La historia del Club de la Obra Pública comenzó tiempo después del inicio del gobierno de Néstor Kirchner cuando, según explicó Wagner, De Vido les señaló que había un nuevo sistema de trabajo en su área.

Ese sistema tenía a De Vido como organizador y a Baratta y José López, secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, como ejecutores.

El empresario señaló que tanto Roberto Baratta como José López aseguraban que el dinero era "para arriba".

Desde entonces, Wagner, que confesó un delito y a cambio de eso será excarcelado, fue una especie de gerente general del Club de la Obra Pública.

Uno de los empresarios que había declarado ante el juez Claudio Bonadio y Stornelli señaló: "En una reunión de la Cámara de la Construcción, una autoridad nos informó que desde ahora éramos subcontratistas de obra pública". Es decir que había comenzado a regir el nuevo sistema.

Wagner explicó que en el Club de la Obra Pública se decidía qué tres empresas de la obra pública se presentaban a las licitaciones, se ponían de acuerdo con los precios que iban a ofertar y se decidía quién resultaría ganadora. Esa empresa era la que debía pagar las coimas.

Además de explicar cómo era la relación con De Vido, Wagner señaló a las empresas que estaban dentro de aquel importante grupo que cartelizaba la obra pública.

Los nombres aún no han trascendido, pero en Comodoro Py estiman que la declaración de Wagner tendrá un enorme impacto en la causa judicial que tienen a su cargo Bonadio y Stornelli. Wagner pidió la excarcelación mientras dure el proceso y además una reducción de pena al haber confesado un delito. El fiscal aceptó el acuerdo y Bonadio ya lo homologó.


 

 

Aldo Roggio dijo que pagó "bajo presión"

 

 Pese a que su citación era para el martes, ayer viernes el poderoso empresario Aldo Roggio, responsable de la constructora que lleva su nombre, se presentó en Comodoro Py para iniciar la negociación para ser uno más de los arrepentidos y el fiscal Carlos Stornelli aceptó incluirlo en esa categoría. Ahora, el acuerdo deberá ser ratificado por el juez Claudio Bonadio, algo que ocurrirá el lunes. Según fuentes judiciales, Roggio admitió que hizo pagos en negro para campañas electorales del kirchnerismo, aunque dijo que los hizo "bajo presión del sector político". En este contexto, el empresario negó haber aportado los fondos millonarios que se le adjudican como sobornos en los cuadernos de Centeno, y ante la fiscalía habló de "pagos aislados" aproximados de 100 mil dólares cada uno, según confiaron fuentes con acceso a la causa.

El ejecutivo quedó imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita por la que los principales directivos de empresas de primera líneas entregaban coimas millonarias, principalmente a Roberto Baratta, quien actuaba como mano derecha del ministro de Planificación, Julio De Vido.

 

 

Techint pagó por lobby ante Chávez por el caso Sidor

 

Luis Betnaza. No pidió ser considerado imputado colaborador.

 

El directivo de Techint Luis Betnaza declaró ayer ante el juez Claudio Bonadio y reveló que funcionarios del gobierno kirchnerista le pidieron coimas para interceder ante Hugo Chávez y destrabar el conflicto por la expropiación de la siderúrgica Sidor.

El principal operador político de Paolo Rocca había sido imputado y citado el jueves a indagatoria, luego de que el martes declaró como testigo, al parecer con la intención de desacreditar los dichos de Héctor Zabaleta, el exejecutivo de Techint que pidió ser arrepentido tras ser detenido por Bonadio.

Betnaza habría señalado tres exfuncionarios del Ministerio de Planificación como las personas que le pidieron dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Chávez por el reclamo de la indemnización. La indemnización cobrada por la empresa de Rocca fue de dos mil millones de dólares.

El director institucional corporativo del Grupo Techint calculó en un millón de dólares el aporte que hizo la firma a pedido de altos funcionarios de la cartera conducida por Julio De Vido, aunque dijo que no tenían que ver con la obra pública en Argentina.

Betnaza también admitió como cierto lo que aparece en los cuadernos del chofer Oscar Centeno sobre los encuentros de Zabaleta con Baratta para entregarle coimas. "Zabaleta dijo que él había pagado dinero. Las condiciones y los por qué de ese dinero, el señor Zabaleta no lo sabía, lo sabía yo. Vine y expliqué las causas por las que cuales había hecho eso, y ahí quedó", relató ante los periodistas.