El Gobierno nacional oficializó este viernes la incorporación formal de la prevención y el tratamiento de la ludopatía como una política central de salud pública, en respuesta al alarmante crecimiento de las apuestas virtuales y con dinero real, especialmente entre los adolescentes.
Alerta por apuestas en adolescentes: el Gobierno declaró la ludopatía como problema de salud pública
A través de un decreto oficial, Nación incorporó el abordaje del juego problemático entre las competencias prioritarias del Ministerio de Salud.
La modificación se instrumentó mediante el Decreto 771/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de todo su gabinete, reformando la Ley de Ministerios para otorgarle al Ministerio de Salud la potestad de intervenir directamente en la materia.
El dato clave que motivó la decisión
La medida se fundamenta en las cifras oficiales difundidas por el Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR). Según el último relevamiento sobre consumo en estudiantes de nivel secundario, más de una cuarta parte de los alumnos (el 26,2%) reconoció haber apostado dinero durante el último año.
El estudio detalla además una marcada brecha de género:
Varones: El 35,3% admitió haber participado en apuestas durante los últimos doce meses.
Mujeres: El porcentaje se ubicó en el 17,7%.
Inicio temprano: Entre los jóvenes que practican apuestas online, la edad promedio de inicio ronda los 14 años, detectándose casos frecuentes de menores que comienzan a jugar a los 13.
Qué establece la nueva normativa
Con este cambio legal, la ludopatía queda equiparada conceptualmente a los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. De este modo, la cartera sanitaria nacional queda facultada para:
Diseñar e implementar campañas de prevención y concientización dirigidas a familias y entornos educativos.
Desarrollar investigaciones para medir el impacto real del fenómeno en el país.
Capacitar a los equipos de salud en la detección temprana.
Fomentar la creación de dispositivos de asistencia y rehabilitación especializados para frenar un trastorno que, según advierten los especialistas, deteriora la salud mental, afecta la economía familiar y compromete el rendimiento escolar de los jóvenes.