Los casinos online forman parte de una industria que ha crecido significativamente durante los últimos años. El estallido de la pandemia aceleró el viraje del entretenimiento hacia las plataformas digitales, invitando a nuevos usuarios a pasar más tiempo apostando frente a las pantallas. Desde entonces, se han ido emitiendo leyes que enmarcaron la expansión de una industria que parece no tener fronteras.
En Argentina, no existe una ley de juego online de carácter federal; cada provincia tiene la potestad de legislar, o no, la materia. Este modelo escindido ha dejado bajo la luz los efectos desencadenados por la falta de regulación del juego en algunas provincias, como también los resultados de aquellas que han optado por un mayor control.
A diferencia de otras jurisdicciones, los casinos de Mendoza online operan bajo un marco legal establecido, lo que permite un control más efectivo y una mayor recaudación fiscal. Los mendocinos pueden acceder a la variedad de plataformas con licencia, evitando quedar expuestos a los peligros de las páginas ilícitas que proliferan en el rubro, sobre todo en aquellas regiones con vacíos legales.
Mendoza pionera en legislar el juego online
La Ley N.º 9.267 para regular el juego online en Mendoza fue emitida en 2020, cuando los casinos en línea comenzaban a pisar fuerte, desenvainando una gama de productos hiperatractivos y envolventes. La ley implicó la designación de un ente regulatorio: el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC), a cargo de Ida López, también directora de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA).
El conjunto de normas buscaba garantizar ámbitos de juego seguro para los mendocinos. Solo se otorgarían licencias a aquellas empresas que cumplieran con los estándares de seguridad impuestos por la IPJyC. Los casinos online deben integrar mecanismos de ciberseguridad para proteger los datos de los usuarios, como también cumplir con políticas de juego responsable mediante la inclusión de mensajes publicitarios que alerten sobre los riesgos del juego compulsivo, entre otras medidas.
El incremento de estafas virtuales y la cantidad de casos de ludopatía infantojuvenil registrados durante 2024, generó preocupación y cierta polémica. La acción del IPJyC fue esencial para llevar adelante un proceso de emisión de licencias a casinos online seguros que prohibieran el acceso de menores, con el fin de dar combate a la red ilícita de casinos online que se propaga a la sombra de la ley.
Según lo establecido, el IPJyC puede otorgar un máximo de siete licencias a empresas de juego a través de licitación pública. Cinco fueron dadas en un período de cuatro años, y en junio del año pasado se anunció la entrega de las dos licencias faltantes. La noticia generó revuelo dado se decidió en momentos de tensión y críticas hacia la industria. Ida López se mantuvo firme manifestando que la entrega de licencias a operadores traslada el juego ilegal al ámbito legal.
La regulación fracturada del juego online en Argentina
El modelo de regulación de Argentina dista de los modelos de control que se han establecido en otros países, en donde existen organismos nacionales que abarcan al rubro en su totalidad. Sin dudas cada país elige las formas de control que consideren pertinentes, sin embargo, hay quienes plantean que una legislación fracturada en provincias allana el terreno para que emerja el mercado ilícito.
En muchas jurisdicciones el debate se mantiene polarizado entre aquellos sectores que consideran que legalizar el juego online es dar el visto bueno a una actividad que debería ser desincentivada. Del otro lado, se alzan las voces de quienes creen que se trata de establecer marcos que transparenten una actividad que ya existe. Mientras la pulseada se sostiene, cada vez más usuarios se ven tentados por promociones de dinero rápido que encuentran en la web.
Pero la legalización del rubro también tiene que ver con un aspecto que las arcas estatales no quieren dejar pasar: la recaudación fiscal. Los casinos online legales están sujetos al pago de impuestos que, al ritmo en que viene creciendo la actividad, permite a los gobiernos provinciales recaudar importantes volúmenes de dinero. La posibilidad de un mayor control en materia fiscal y el apuro por garantizar mayor seguridad a los consumidores impulsa el avance de la legalización al juego online en Argentina.
Ya son 17 las provincias que han avanzado en la emisión de leyes, designando autoridades supervisoras y planteando nuevos proyectos orientados específicamente al desmantelamiento de redes de casinos ilícitos. Habiendo dado el sí a las empresas de juego, todo indica que los nuevos desafíos para los gobiernos será el armado de políticas más fuertes que velen por el cuidado de los argentinos; sobre todo de los más jóvenes que hoy tienen acceso a toda la variante de entretenimiento a tan solo un clic de distancia.