Bloques de la oposición dura y dialoguista convocaron para este miércoles a las 12 a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario que puso en alerta al Gobierno por su alto impacto fiscal. De hecho, voceros oficiales y extraoficiales del oficialismo ya adelantaron que serán vetados por el presidente Javier Milei todos los proyectos que pongan en riesgo el superávit fiscal.
Entre los proyectos que se pondrán en debate se destacan la restitución por dos años de la moratoria previsional que impulsan el peronismo y la izquierda. Este mecanismo, que el Gobierno no prorrogó en marzo, permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar lo que les faltaba para acceder a la jubilación mínima. También se debatirán diferentes propuestas para crear una Prestación Proporcional que reconozca los años aportados aunque no se alcance el mínimo de 30. Hay dictámenes de Encuentro Federal, la UCR, la Coalición Cívica y hasta un sector minoritario del PRO.
Si bien es poco probable que la extensión de la moratoria logre la media sanción, ante la consulta de Infobae, desde Unión por la Patria no descartaron apoyar el proyecto de Encuentro Federal de Prestación Proporcional (fue redactado con ayuda del ex titular de Anses Diego Bossio) si se aceptaban cambios en el mínimo para hacer el cómputo de los haberes. “Entre que no salga nada y que salga esto, preferimos esto”, dijo un diputado peronista que integra la comisión de Presupuesto.
Por otro lado, existe un consenso lo suficientemente amplio (UxP, Encuentro Federal, DpS, CC y FIT) para otorgar un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un aumento en el bono, que quedó congelado en $70 mil pesos desde marzo del año pasado. La principal diferencia gira en torno al monto del aumento, mientras el peronismo propone llevar el bono a $115 mil (luego actualizado por IPC), la propuesta de Encuentro Federal lo deja en $105 mil.
La oposición ya intentó hace dos semanas llevar estos proyectos al recinto, pero la sesión se cayó por falta de quórum. Los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, FIT y Democracia para Siempre reconocieron que el principal problema fue el temario, ya que incluyó iniciativas demasiado diversas y que no reunían consenso interno. Por eso, en esta oportunidad dejaron afuera la designación de las autoridades de la AGN. Tanto dialoguistas como opositores duros consideran que así podrán sentar a los cuatro diputados que faltaban para llegar a los 129.
Marcha de los jubilados frente al Congreso
Las designaciones en la AGN se habían sumado a último momento al temario tras un acuerdo entre Unión por la Patria y Encuentro Federal. La idea era proponer para los tres lugares vacantes en representación de Diputados al camporista Juan Forlón y a Emilio Monzó. De esta forma quedaría un lugar que se disputarían LLA (Santiago Viola), el PRO (Jorge Triaca) y la UCR (Mario Negri).
Pero este acuerdo no satisfizo a todos los integrantes de UxP y Encuentro Federal. De hecho, los tres diputados que responden al gobernador de Córdoba Martín Llaryora e integran el bloque de Miguel Pichetto pegaron el faltazo y entre sus argumentos dejaron en claro que estaban molestos por haberse quedado afuera de las negociaciones. En las filas peronistas también aseguran que los tres diputados santiagueños Celia Campitelli, Ricardo Daives y Bernardo José Herrera, que responden al gobernador Gerardo Zamora, esta vez estarán presentes. El miércoles llegaron tarde por una demora en el vuelo que algunos interpretaron como un gesto intencional de disconformidad.
También cuentan a Mario Barletta. El radical disidente tiene su propio monobloque y suele contribuir al quórum en las convocatorias de la oposición, pero esta vez se ausentó para no perjudicar a su correligionario Mario Negri, quien se convirtió en el candidato con más chances de quedarse sin un lugar en la AGN.
Según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la prórroga por dos años de la moratoria -el mecanismo que permite comprar los años de aporte faltantes- tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.