La batalla legal por los Cupones PBI ha sumado un nuevo e inesperado capítulo en los tribunales internacionales. El Gobierno argentino presentó un pedido formal ante una corte del distrito de Columbia, en Estados Unidos, con un objetivo claro: evitar que la justicia norteamericana reconozca y ejecute la sentencia dictada en Londres que obliga al país a pagar 1.800 millones de dólares (entre capital e intereses).
Esta maniobra judicial surge luego de que la Argentina agotara todas las instancias de apelación en el Reino Unido. La condena, que ya tiene carácter firme, se originó por la manipulación de las estadísticas de crecimiento económico publicadas por el INDEC durante el año 2013, bajo la gestión kirchnerista, con el fin de evitar el pago de intereses a los tenedores de estos bonos.
Un fallo firme y el riesgo de embargos
La sentencia original fue dictada por la justicia británica debido al impago de la versión de los bonos emitida en euros. Al determinarse que el país alteró las mediciones para que el crecimiento quedara por debajo del 3,2% (el umbral técnico era 3,3%), los tribunales europeos fallaron a favor de los fondos de inversión.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors y especialista en el tema, explicó la gravedad de la situación actual: “Los beneficiarios del fallo inapelable de una corte londinense buscan ejecutar la sentencia en EE.UU. por falta de pago. Este es un caso que el FMI ya ha indicado que Argentina debe resolver, ya que no existen instancias legales adicionales para el país”.
El principal actor en esta puja es el fondo Palladian Partners. Si la justicia de Columbia valida el fallo de Londres, los demandantes estarán habilitados para iniciar una cacería de activos embargables de la Argentina en jurisdicción estadounidense para cobrarse la deuda de manera compulsiva.
La postura oficial de la Procuración del Tesoro
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo encargado de la defensa jurídica del Estado, confirmaron la presentación del recurso. Según informaron fuentes oficiales, se presentó un “pedido de rechazo al intento de ejecución”, fundamentando la resistencia en los límites que establece la legislación estadounidense sobre inmunidad soberana.
“La Argentina continúa resistiendo activamente la ejecución de la sentencia, defendiendo con solidez su posición jurídica”, señalaron desde el organismo, intentando llevar calma ante un escenario que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calificado como urgente.
El origen del conflicto: ¿Qué pasó en 2014?
Los Cupones PBI fueron instrumentos diseñados durante las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Su funcionamiento era sencillo: si la economía argentina crecía por encima de un determinado nivel, los bonistas recibían un pago extra.
Sin embargo, en 2014, el INDEC cambió la base de cálculo del PBI (pasando del año base 1993 a uno actualizado). Esta modificación técnica alteró las estadísticas de 2013:
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El dato oficial: El Gobierno informó un crecimiento del 3,2%.
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El gatillo: El pago se activaba si el crecimiento superaba el 3,3%.
Esta diferencia de apenas 0,1 puntos porcentuales es la que hoy tiene a la Argentina contra las cuerdas, con una deuda que escala a los miles de millones y que ahora amenaza con derivar en embargos internacionales si la estrategia en Estados Unidos no prospera.
¿Hay negociación real con los bonistas?
A pesar de que informes técnicos del FMI mencionaron supuestos esfuerzos de “buena fe” para alcanzar un acuerdo de pago, los beneficiarios del fallo emitieron una carta a través de PR Newswire desmintiendo tajantemente cualquier acercamiento. “No hay negociaciones en curso entre los demandantes y la República”, sentenciaron, lo que deja al país en una posición de vulnerabilidad extrema ante la justicia de Columbia.