A través del la Procuración del Tesoro, el Gobierno nacional presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000 por el proceso de nacionalización de YPF con la entrega del 51% de la compañía.
Entre los argumentos que esgrimió la defensa del Estado se destacó la violación de la legislación nacional porque la entrega de las acciones va en contra de la legislación nacional.
También se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa.
En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.
La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo jurídicamente a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.