El Gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva judicial contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y amplió las denuncias para incorporar a 27 empresarios, ejecutivos y directivos. Las presentaciones buscan determinar quiénes participaron en las decisiones vinculadas con los proyectos petroleros en la zona en disputa.
El Gobierno amplió las denuncias por el petróleo en Malvinas y apuntó contra 27 empresarios
La ofensiva judicial por la explotación petrolera en Malvinas sumó a 27 empresarios y directivos de Navitas, Rockhopper, Eco Atlantic y otras compañías.
Las nuevas acciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con intervención de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio. Una de las ampliaciones tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini.
La investigación apunta a la cadena de decisiones
La estrategia del Gobierno busca avanzar más allá de las compañías involucradas y determinar qué personas tomaron decisiones, intervinieron en el financiamiento, asesoraron legalmente o participaron de la ejecución de los proyectos.
Entre las empresas alcanzadas aparecen Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Eco Atlantic Oil & Gas, Borders & Southern y Desire Petroleum. En el caso de Navitas, la denuncia incorpora a ejecutivos con responsabilidades en áreas como dirección, finanzas, operaciones, cuestiones jurídicas y desarrollo del proyecto Sea Lion.
Los escritos identifican, entre otros, a Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg y Nadav Sorek, vinculados con distintas áreas de Navitas. También fueron incluidos integrantes de Navitas Petroleum Development & Production Limited, entre ellos Ian Ramsey y Gareth Bamford.
En el caso de Eco Atlantic, la presentación incorpora a siete personas, entre ellas Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson. Los primeros seis ya habían aparecido en procedimientos administrativos y Ferguson fue incorporada ahora a la investigación penal.
También apuntaron contra Rockhopper y Borders & Southern
La ofensiva judicial también alcanzó a Rockhopper Exploration, con la incorporación de dos sociedades vinculadas con distintas licencias petroleras en el área de Malvinas. La documentación menciona además operaciones financieras relacionadas con esas estructuras empresariales, cuya relevancia deberá ser determinada por la Justicia.
Por otra parte, la presentación contra Borders & Southern individualizó a siete personas. La compañía está vinculada con la licencia PL018, donde se encuentra el descubrimiento hidrocarburífero Darwin East-1, por lo que la investigación busca determinar quiénes participaron de las decisiones relacionadas con su exploración y eventual explotación.
El Gobierno ya había iniciado procedimientos administrativos contra 45 personas y compañías vinculadas con las actividades petroleras en las islas y luego sumó otras 15, llevando ese universo a 60 personas físicas y jurídicas. Ahora, las nuevas denuncias penales identificaron a 27 personas, de las cuales 16 no figuraban en las listas administrativas conocidas anteriormente.
Qué dice la ley sobre la explotación petrolera
Las denuncias se apoyan principalmente en la Ley 26.659, que establece sanciones para actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. La normativa contempla penas de cinco a diez años de prisión para determinadas tareas de exploración no autorizadas, mientras que para extracción, transporte o almacenamiento la escala puede llegar a diez a quince años.
La investigación todavía debe determinar el grado de participación de cada persona. La inclusión de un empresario o directivo en una denuncia no implica automáticamente una imputación ni significa que exista responsabilidad penal, ya que será la Justicia la que deberá establecer si hubo una intervención concreta en los hechos investigados.
El Gobierno también pidió cooperación internacional para acceder a información societaria, bancaria, financiera, contractual y operativa, además de dejar abierta la posibilidad de investigar otros delitos si surgieran elementos durante la pesquisa.
La ofensiva se da en paralelo con el avance del proyecto Sea Lion, liderado por Navitas y Rockhopper. Argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas en el área disputada se realizan sin autorización nacional y anunció medidas para intentar frenar la explotación de esos recursos.
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