El plan de privatizaciones del Gobierno nacional empieza a tomar forma concreta y una de las próximas fichas en moverse sería AySA. La empresa estatal de agua y saneamiento, que presta servicio a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, está cada vez más cerca de iniciar su proceso formal de venta.
Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a Infobae, el pliego de privatización ya se encuentra en etapa avanzada y podría publicarse en el Boletín Oficial antes de que finalice el primer trimestre del año. Incluso, algunas versiones oficiales señalan que el anuncio podría concretarse durante febrero.
AySA, actualmente presidida por el ingeniero Alejo Maxit, quedó habilitada para su privatización tras la sanción de la Ley Bases y la posterior publicación del Decreto 494/2025, firmado en julio del año pasado. Ese marco legal autoriza la venta del 90% de las acciones que hoy están en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo el esquema de propiedad participada destinado a los trabajadores.
Desde el Ejecutivo detallaron que la licitación buscará vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico que asuma el control operativo de la compañía. El resto de las acciones, en caso de no colocarse en su totalidad en esa instancia, se ofrecerá en el mercado mediante un esquema de “free float”.
La operación estará supervisada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que conduce Diego Chaher, junto con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. A su vez, los futuros concesionarios deberán operar bajo el control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), encargados de fiscalizar tarifas, calidad del servicio, inversiones y planes de expansión.
En paralelo, el Gobierno ya avanzó con medidas para dejar a la empresa en condiciones de ser privatizada. A fines de 2024 aprobó un Plan de Acción de Transición 2024–2026 que contempla inversiones estatales por $753.900 millones y un esquema de recomposición tarifaria más agresivo que el aplicado durante la gestión anterior. Además, mediante el Decreto 805/2025 se actualizó el marco regulatorio del servicio, habilitando, entre otros puntos, los cortes de suministro por falta de pago.
AySA integra el grupo de empresas públicas consideradas estratégicas por el Ejecutivo y que fueron incluidas en la Ley Bases. En esa lista también figuran Belgrano Cargas y Logística, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), todas bajo la órbita del plan oficial para avanzar con privatizaciones a lo largo de 2026.