A horas de que se venza las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases, el Gobierno de Javier Milei dispuso ayer el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la que adelantó que el plan incluye el llamado a licitación para la construcción de 9.120 Kilómetros de rutas.
Lo que más impacto causa del nuevo paso de la motosierra por el Estado es el cierre de Vialidad, organismo clave para la concesión de la obra pública y con fuerte impacto en las provincias. Pero Adorni ligó el funcionamiento de Vialidad con la “corrupción” y el “despilfarro de recursos fiscales” que “destrozó las arcas del Estado”.
“Este organismo se inventó para simplificar la corrupción”, dijo Adorni, tras la proyección de un video sobre la causa conocida como “Vialidad”, en la que fue condenada, entre otras personas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo con esos anuncios, como se dijo, se decidió el fin de Vialidad. Del articulado se desprende que las funciones que hasta ahora tiene el organismo descentralizado serán reasignadas.
Las funciones de estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias, que son competencia de la DNV, en el nuevo esquema pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas a la jurisdicción que considere pertinente. De hecho, en todas las disposiciones que mencionan a la DNV, de ahora en más, se entenderá que se refieren al Ministerio de Economía o a quien éste designe.
Entre los motivos del cierre de Vialidad, en el decreto se menciona una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”. También habla de una desproporción entre recursos materiales, cantidad de agentes, y personal administrativo y jerárquico.
Hay un párrafo que formula el camino que seguramente se elegirá en materia vial. “Se observa una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”, dice. Es decir, las rutas serán privadas.
La otra gran función, la fiscalización y el control de las concesiones viales vigentes y futuras, que anteriormente eran parte de las competencias de Vialidad, serán asignadas a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Como se dijo, otro de los organismos disueltos es la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La mayoría de sus competencias serían transferidas a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el organismo que manejará gran parte de las estructuras que desaparecen. Sin embargo, hay un punto que llama la atención. La prevención y control del tránsito en las rutas nacionales será competencia exclusiva de Gendarmería Nacional que tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional”, dice la norma.
> Fusión Enre-Enargas
El presidente Javier Milei firmó los decretos 450 y 452/2025 que reforman el régimen normativo de la energía eléctrica y crean un nuevo ente regulador que unificará las competencias de ENARGAS y ENRE, en línea con las facultades conferidas por la Ley 27.742.