El gobierno de Javier Milei avanza con una decisión de alto impacto político y estratégico: destinar parte de los fondos provenientes de privatizaciones, concesiones y licitaciones estatales al reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de Milei destinará fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas
La medida será oficializada por decreto en los próximos días. Parte de lo recaudado por ventas, concesiones y activos estatales irá al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para compras e infraestructura.
La medida será oficializada a través de un decreto presidencial que ya superó instancias técnicas y administrativas y podría publicarse en los próximos días. Según fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de los ingresos que el Estado obtenga por la venta de empresas públicas y concesiones, además del 70% de lo recaudado por activos pertenecientes a las propias fuerzas.
El objetivo es fortalecer la capacidad operativa del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la Armada, estructuras que arrastran años de limitaciones presupuestarias y pérdida de capacidades estratégicas.
Desde la Casa Rosada señalan que la decisión responde a una instrucción directa del Presidente para reforzar áreas sensibles de la defensa nacional, en un contexto internacional donde crecieron las tensiones geopolíticas y la importancia del control territorial, marítimo y aéreo.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento sostenidos para recuperar equipamiento e infraestructura.
El decreto no solo contempla la compra de armamento, sino también inversiones en bases militares, hangares, pistas aéreas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en todo el país. Entre los proyectos estratégicos se destaca el desarrollo de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada clave para la proyección argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.
La medida se enmarca en una serie de acciones recientes del Gobierno en materia de defensa, como la adquisición de aviones F-16 a Dinamarca y la incorporación de vehículos blindados Stryker. También continúa bajo análisis la recuperación de la capacidad submarina de la Armada, perdida tras la tragedia del ARA San Juan.
En el oficialismo sostienen que el nuevo esquema busca resolver un problema histórico: la dependencia exclusiva del presupuesto anual para inversiones en defensa. Con esta iniciativa, parte de los recursos generados por la reducción del Estado se redirigirán hacia funciones consideradas estratégicas.
No habrá un monto fijo inicial, ya que los fondos dependerán del volumen de cada privatización. Sin embargo, en el Gobierno estiman que, si el plan avanza, podría representar una fuente relevante de financiamiento en los próximos años.
La decisión también tiene una lectura política: mostrar que el ajuste del gasto público no implica desatender áreas clave, sino priorizar seguridad, defensa e infraestructura crítica en la agenda nacional.
Fuente: Infobae.