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El juez federal civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó la prohibición de difundir los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, tiene actualmente nueve denuncias en curso en el Consejo de la Magistratura, de las cuales cinco corresponden a acusaciones por acoso sexual a empleadas de su juzgado.
La medida cautelar de Maraniello, aplicada este lunes, impide que cualquier medio o plataforma difunda grabaciones hechas dentro de la Casa Rosada atribuidas a Karina Milei, bajo el argumento de proteger la privacidad institucional.
La confirmación de las denuncias contra el juez llega en un momento político sensible, ya que su fallo judicial favorece directamente al oficialismo en plena campaña electoral. El vocero presidencial Manuel Adorni celebró la resolución al asegurar que la Justicia reconoció una “violación grave a la privacidad institucional”.
Sin embargo, fuentes judiciales y críticas mediáticas advierten sobre el impacto institucional de un magistrado denunciado por acoso sexual dictando decisiones de alto valor político. El hecho reaviva el debate sobre la transparencia y la independencia del Poder Judicial.
Sectores de prensa y referentes políticos tildan la medida como una forma de censura previa, argumentando que obstaculiza la libertad de prensa y restringe el derecho a la información. El fallo judicial, dictado en tiempo record, abre una grieta entre quienes priorizan la protección institucional y quienes exigen equilibrio institucional y garantías democráticas.
En paralelo, las denuncias ante el Consejo de la Magistratura deberán avanzar en investigación, mientras el juez Maraniello deberá responder por su conducta y decisiones fuera y dentro de la Corte.