El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto de ley que establece límites concretos al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa, que contó con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, fue enviada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
De ser sancionada, la norma obligará a que todos los DNU sean aprobados por ambas Cámaras “con mayoría absoluta” en un plazo de 90 días corridos. En caso contrario —o si una de las Cámaras los rechaza— el decreto perdería automáticamente validez. Actualmente, los DNU continúan vigentes si no son rechazados por ambas Cámaras, sin plazos definidos.
Además, el proyecto establece que cada DNU deberá limitarse a un área temática específica, eliminando así los “decretos ómnibus” que mezclan múltiples materias, una práctica habitual desde la sanción de la ley 26.122 en 2006, impulsada por Cristina Kirchner durante su etapa como senadora.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (peronismo disidente), señaló que la reforma busca “evitar la tentación de gobernar con la suma del poder público” y calificó el cambio como “una herramienta para reequilibrar la división de poderes”.
El senador radical Pablo Blanco celebró la medida y apuntó que “después de muchos años se pone fin al uso abusivo de los DNU, una mala costumbre de gobiernos de todos los signos políticos”.
Por su parte, Lucila Crexell (Provincias Unidas) criticó duramente la ley vigente al afirmar que “ha sido funcional al centralismo y al presidencialismo autoritario” y remarcó que “es inaceptable que sea más fácil aprobar un DNU que una ley”.
Desde La Libertad Avanza, el jefe de bancada Ezequiel Atauche se opuso al proyecto y argumentó que se trata de “una maniobra para quitar herramientas a un gobierno con minorías parlamentarias graves”.
Si bien se anticipa un posible veto por parte de la Casa Rosada, el tratamiento en Diputados será clave para saber si este nuevo control sobre los DNU se convierte en ley, lo que implicaría un cambio estructural en el funcionamiento institucional del país.