El Senado de la Nación inició este jueves, pasadas las 11, una sesión clave que tiene como eje central la sanción definitiva del proyecto de Ley de Discapacidad, una iniciativa que cuenta con el respaldo transversal de todo el arco político al recoger los ejes principales del régimen de emergencia que vence el próximo 31 de diciembre.
El Senado avanza con la sanción de la Ley de Discapacidad para darle carácter permanente
La Cámara alta inició pasadas las 11 una sesión clave con amplio respaldo político para convertir en política de Estado permanente el esquema que vence en diciembre.
La propuesta, denominada formalmente Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, toma como base el esquema fijado por la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio y excepcional para transformarlo en una política de Estado permanente y de orden público.
Los puntos centrales de la reforma
Con el consenso construido en la Cámara de Diputados y avalado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidencia del cuerpo, la iniciativa busca dar previsibilidad a los beneficiarios y a los prestadores del sistema:
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Compatibilidad laboral y pensión: Mantiene la pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y consolida su compatibilidad con el empleo formal registrado o el monotributo, siempre que los ingresos netos individuales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se supera ese tope, el beneficio se suspende de manera temporaria y puede rehabilitarse al cesar la situación.
Prestaciones y aranceles: Preserva el nomenclador único, la actualización periódica y automática de los aranceles atada a la movilidad jubilatoria (vinculada al IPC) y la cobertura del programa Incluir Salud para quienes acceden a la pensión por discapacidad.
Piso presupuestario: Dispone que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ubicarse, en términos reales, por debajo de los del ejercicio fiscal anterior, además de prever partidas vinculadas al presupuesto entrante.
Auditorías y debido proceso: Habilita controles periódicos mediante el cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS, ReNaPer y áreas laborales, bajo un esquema de notificación fehaciente y derecho a descargo antes de cualquier suspensión.
Deudas y reglamentación: Incorpora una cláusula transitoria acordada con bloques aliados que fija un cronograma para cancelar compensaciones pendientes a prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Un temario cargado en el cierre del año legislativo
Más allá del debate sobre discapacidad, la Cámara alta abrió una agenda extensa en el tramo final de las sesiones ordinarias. Entre los expedientes previstos figuran la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), las iniciativas vinculadas a la propiedad privada para restablecer la Ley de Tierras, la llamada Ley Joaquín —orientada a reforzar las condiciones de seguridad en espacios e instalaciones deportivas y recreativas—, protocolos de protección de infancias y adolescencias, y distintos acuerdos internacionales.
Para las provincias incluida San Juan, atenta al impacto sanitario, social y presupuestario de estas políticas la sanción del proyecto representa un paso decisivo para evitar un vacío normativo a fin de año y ordenar el financiamiento de las prestaciones en todo el territorio nacional.