El miércoles 20 de agosto la oposición de la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la norma aprobada por el Congreso.
Pero este jueves sería el día D para la batalla por discapacidad ya que el Senado tiene todo bajo control para dar el paso definitivo y dejar firme esta ley.
No se trata de una ley más. Viene a poner un poco de orden en un área tan sensible que atravesó el corazón de todos los bloques del Congreso ya que cosechó apoyos no solo de la oposición dura, sino también de los bloques dialoguistas y hasta llegó a filtrar algún voto del oficialismo.
El Senado planea sesionar este jueves 4 de septiembre y hoy quedaría definido el temario, pero con Discapacidad como prioridad absoluta.
La resistencia del presidente Javier Milei a esta ley abrió paso a una rebelión popular y puso en el tapete deficiencias traumáticas en las prestaciones por los recortes.
Y fue en medio de esta lucha -que contó con fuerte respaldo popular a favor de los discapacitados, sus familias y prestadores- que estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo por el presunto pago de coimas en las compras de medicamentos precisamente en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que tiene en jaque al Gobierno. No solo porque involucra a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, sino por el daño colateral que causaría a la perfomance de la Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y hasta las legislativas nacionales de octubre.
El rechazo al veto de Milei en Diputados fue respaldado por 172 diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal, una decena de la UCR y hasta dos libertarios (Marcela Pagano y Carlos D’A lessandro), en tanto que apenas 73 legisladores votaron a favor de la decisión presidencial.
Se espera que el rechazo al veto del Presidente sea aún mayor en el Senado y supere largamente los 48 votos que necesitan (los dos tercios de la Cámara alta) para dejar firme la ley.
Según los cálculos del senador radical Pablo Blanco, la causa a favor de los discapacitados sumará al menos 60 votos en la Cámara Alta.
De esta manera, y tal como establece la Constitución Nacional en su artículo 83, de superar los dos tercios en la insistencia del proyecto de Emergencia en Discapacidad en la Cámara alta, el proyecto se convertirá automáticamente en ley y se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
En caso de que la insistencia del proyecto avance, el Congreso habrá rechazado un veto presidencial después de 22 años y medio. El último antecedente fue el 12 de marzo cuando el Poder Legislativo aprobó la insistencia de la Ley 25.715 sobre Reducción de los Aranceles para la Importación del Azúcar en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde.
¿Qué es la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La iniciativa, presentada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.
La Ley prevé:
- Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
- Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
- Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
DNU, otra piedra en el zapato para Milei
En la agenda de la sesión de este 4 de septiembre en el Senado podría estar en juego otro tema que quizá inquiete más al Gobierno que perder la batalla con la emergencia en Discapacidad.
Se trata del proyecto de modificación al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (Ley 26.122). El proyecto cuenta con un dictamen avalado por diferentes bloques de la oposición.
Los DNU han sido una herramienta clave para llevar a cabo la reforma del Estado y el ajuste que puso en marcha el Presidente ya que permiten crear normas con fuerza de ley.
El plan de la oposición es limitar el uso de esta herramienta que permite eludir al Congreso.
La reforma propone que la herramienta presidencial abarque solamente una materia por decreto.
El texto, que obtuvo respaldo veloz en la Comisión de Asuntos Constitucionales, fija un mecanismo de control estricto: si en 90 días no es refrendado por ambas cámaras, el decreto queda sin efecto. Además, alcanza con que una de ellas lo rechace para que pierda validez, lo que modifica de raíz la práctica actual
y la prohibición de insistir con un DNU en el mismo período si es derogado.