El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes abrir una investigación sobre la denuncia presentada por el Gobierno por presunto espionaje ilegal vinculado a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, dejó en claro que no avanzará sobre los periodistas ni sus domicilios, reivindicando la protección constitucional de las fuentes periodísticas.

La decisión de Stornelli contrasta con el pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había reclamado medidas más duras. “En la investigación no se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista (…) ello por mandato constitucional”, afirmó el fiscal en un escrito, subrayando que los domicilios de los comunicadores no podrán ser allanados salvo orden judicial fundada.

El caso estalló luego de que se difundieran audios que presuntamente fueron grabados en la Casa Rosada y que involucran a Karina Milei y a su asesor Eduardo “Lule” Menem en conversaciones ligadas a presuntas coimas. El Ejecutivo denunció que se trató de una operación de inteligencia ilegal para “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. Incluso obtuvo una medida cautelar que impide a los medios reproducir el material filtrado.

En paralelo, el presidente Javier Milei salió al cruce y acusó a periodistas de formar parte de una “red de espionaje ilegal” que, según él, busca perjudicar a su gestión. “Estos espías que se disfrazan de periodistas quieren desviar la atención del tema real”, escribió en su cuenta de X.

La controversia sumó otro capítulo con el comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que rechazó el “bozal legal” impuesto por la Justicia y advirtió que la medida “afecta el derecho de la ciudadanía a informarse”. Juristas y dirigentes de la oposición también criticaron el fallo por considerarlo un avance contra la libertad de expresión.

En este marco, la investigación queda abierta con el desafío de esclarecer si existió una operación de inteligencia clandestina, mientras el Gobierno y la oposición cruzan acusaciones en medio del escándalo por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).