El Gobierno nacional recibió con alivio una decisión clave de la Justicia de Estados Unidos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió dividir en cuatro partes las apelaciones contra las sentencias de la jueza Loretta Preska, lo que le da aire a la estrategia legal argentina y permite tramitar los recursos en paralelo.
Desde Balcarce 50 interpretaron la resolución como una “pequeña victoria” en un proceso complejo, ya que podría extender los plazos judiciales y frenar la inminente ejecución del fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones estatales de la petrolera. “Logramos mover el avispero”, deslizaron desde el entorno presidencial.
La Procuración del Tesoro presentó este jueves la primera apelación formal contra la transferencia de los activos y solicitó además que se suspenda la medida mientras se resuelve el planteo. En el oficialismo advierten que, si no obtienen respuesta favorable, llevarán el pedido a la Corte Suprema de EE.UU., con el objetivo de evitar posibles multas diarias por desacato.
Mientras tanto, la jueza Preska convocó a una conferencia entre la Argentina y los fondos demandantes para intentar destrabar la entrega de información sobre otras entidades estatales, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central. Esas firmas podrían estar en la mira de embargos si el conflicto avanza.
La Casa Rosada se mantiene firme en su postura: considera que la sentencia viola la ley de expropiación de YPF y que cualquier traspaso accionario requiere aprobación legislativa con mayoría especial. “No vamos a transferir las acciones. Tampoco podemos porque están en la Caja de Valores”, sostienen fuentes oficiales.
El lunes próximo será otro día clave: vence el plazo para que la Argentina deposite las acciones en custodia y Preska deberá decidir si concede o no la suspensión pedida. Para el Gobierno, permitir la entrega tendría efectos irreversibles, ya que los fondos ya anticiparon su intención de vender los títulos. En ese caso, incluso si el país ganara la apelación, sería imposible retrotraer la operación.
En este escenario, la administración de Javier Milei advierte que quedará ante un dilema delicado: “O cambia sus propias leyes, o las viola, o desobedece una orden judicial extranjera”. La batalla legal por YPF sigue sumando capítulos.