La Justicia Federal intervino para garantizar la provisión de audífonos de alta tecnología a un jubilado de 69 años, quien padece hipoacusia mixta y se encontraba sin respuesta por parte del PAMI desde hace tres años. La medida cautelar, dictada por el juez Leopoldo Rago Gallo, ordena la cobertura integral del 100% del costo, provisión y colocación de los equipos, con un valor estimado de 6,5 millones de pesos, según publicó el sitio 0264 Noticias.
Justicia ordena a PAMI cubrir el 100% de audífonos de $6 millones para jubilado sanjuanino
Un jubilado de sesenta y nueve años con certificado de discapacidad recibió una orden judicial para que PAMI le cubra audífonos.
El fallo, que exige el cumplimiento por parte del PAMI San Juan y Nacional en un plazo acotado, se fundamenta en la situación de discapacidad del afiliado y las leyes nacionales que obligan a las entidades sanitarias a brindar estas prestaciones, incluyendo audífonos, prótesis auditivas y rehabilitación fonoaudiológica. La acción judicial fue impulsada por la representante del Ministerio Público de la Defensa (MPD) en materia no penal, Ana Inés López Lima, ante la falta de respuesta del organismo previsional incluso después de un extenso trámite iniciado por el afiliado, quien percibe una pensión no contributiva de unos 500 pesos mensuales.
La cobertura integral garantizada para los jubilados
La magistrada Ana Inés López Lima solicitó explícitamente al juez federal “la cobertura integral al 100%, asuma la totalidad de los costos y efectivice la entrega inmediata del equipamiento de audífonos binaurales (para ambos oídos) prescrito a mi representado por su médico especialista tratante, incluyendo la toma de moldes, pruebas de selección, calibración, adaptación fonoaudiológica, controles técnicos y todo gasto inherente a dicha prestación”. La profesional hizo hincapié en que se garantice la provisión y atención técnica continua a través de un prestador habilitado en la zona de residencia del afiliado.
Derechos y normativas vigentes sobre audífonos
El juez Leopoldo Rago Gallo basó su decisión en la Ley N° 25.415, que establece el “Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia”, y en la Ley 24.901, que rige el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Ambas normativas establecen la obligatoriedad de las obras sociales y entidades de medicina prepaga de brindar estas prestaciones, incluyendo audífonos y rehabilitación. El magistrado también consideró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, remarcando el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación y la necesidad de proveer servicios específicos para prevenir y reducir la aparición de discapacidades.