El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires votó por unanimidad remover del cargo a Julieta Makintach y dio por probado un combo de irregularidades que, según remarcaron, la dejaron totalmente por fuera de los estándares mínimos que debería tener cualquier magistrado.
Fue el final de un proceso arduo y marcado por tensiones internas en el fuero penal de San Isidro, donde la ahora exmagistrada venía acumulando cuestionamientos desde que estalló el escándalo del documental, una miniserie de seis capítulos que fue filmada de forma clandestina.
El Jurado describió en su veredicto las nueve conductas que calificó como “graves”, “reiteradas” y “manifiestamente incompatibles con la magistratura”. Fue, en los hechos, un sistema de irregularidades que se retroalimentaban.
Las nueve conductas irregulares de Makintach
- Autorización irregular del acceso al edificio judicial con fines comerciales: la jueza autorizó el ingreso de un equipo de filmación profesional (camarógrafo, iluminador, maquilladora, productor) al edificio de tribunales de San Isidro un domingo (día inhábil) por la puerta asignada a los magistrados. Esto se hizo con el objeto de realizar tomas y fotos para el documental, constituyendo un uso irregular de su posición institucional. Los edificios judiciales están exclusivamente destinados a la prestación del servicio de justicia.
- Habilitación de filmación clandestina en el debate: Makintach habilitó a este grupo de personas a tomar registros fílmicos del debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona con el único fin de realizar una miniserie. El proyecto era profesional, planificado y con fines comerciales.
- Violación de la prohibición de filmar: para el jurado, violó abiertamente, a través de terceros, la prohibición de grabar o filmar el debate, restricción impuesta por el propio tribunal que ella integraba.
- Abuso de autoridad: la jueza abusó de su condición de magistrada al desautorizar al personal policial que intentó impedir la filmación, enviando un mensaje que decía: “Decile a la custodia del 3 que deje a mi gente”.
- Uso indebido de recursos públicos: Utilizó recursos del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal de custodia) con fines estrictamente personales y ajenos a su función.
- Mentira deliberada y recurrente: para le jurado, mintió de forma deliberada y recurrente ante la prensa, sus pares, las partes procesales, y abogados, al negar su participación en un documental. Un ejemplo clave fue la negación a Gianinna Maradona, a quien le juró “por sus hijos” que no existía tal documental.
- Negación sistemática de la irregularidad: Makintach afirmó sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, incluso cuando el Ministerio Público Fiscal exhibió las imágenes que la tenían como protagonista en una audiencia pública.
- Parcialidad manifiesta: la jueza incurrió en parcialidad manifiesta al gestionar un interés propio (el éxito del documental y el protagonismo mediático). Esto se evidenció en su interés tozudo por dirigir el debate y sus gestos y preguntas indicativas.
- Generación de grave perjuicio a la imagen del Poder Judicial: su accionar generó un gravísimo perjuicio a la imagen y prestigio del Poder Judicial, lesionando las expectativas de las partes, provocando la nulidad del juicio y la revictimización de los familiares.
Los miembros del Jurado coincidieron en que la jueza actuó “fuera de la prudencia inherente al cargo”, buscando el “protagonismo mediático” y exponiendo la función judicial a fines ajenos, lo que destruyó la confianza necesaria para ejercer la magistratura.
“Los se encuentran sometidos a un régimen de especial sujeción, que conlleva deberes éticos y jurídicos reforzados, orientados a preservar la probidad que la sociedad demanda de quienes ejercen el Poder Judicial. Este estándar superior no constituye un privilegio, sino una carga que deriva de la investidura judicial y de la confianza pública que ella supone. Así es que la Dra. Julieta Makintach, por el ejercicio de esa función, no es una ciudadana más, sino una garante del orden jurídico y de los derechos fundamentales, debiendo ajustar su conducta —dentro y fuera del estrado— a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional”, explicaron en uno de los apartados del veredicto de más de 115 carillas.
Ahora, la exjueza deberá afrontar un proceso penal por los delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes como funcionaria pública y malversación de caudales, entre otros.