El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó este miércoles librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.
La resolución fue firmada esta mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”.
La decisión responde a una orden emanada de la Sala I de la Cámara del fuero, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto detener y recibir declaración indagatoria a Maduro, mandato que fue ratificado recientemente en un incidente el pasado 15 de enero de 2026.
El pedido se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el trámite se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería.
Asimismo, el tribunal ordenó notificar lo dispuesto al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.
El principio de Justicia Universal
La decisión del juzgado de primera instancia no es un hecho aislado, sino la ejecución de una orden directa de la instancia superior. La causa, identificada como CFP 2001/2023, tomó un nuevo impulso cuando los camaristas de la Sala I -integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens- aplicaron el principio de justicia universal.
Esta doctrina del derecho internacional permite a un Estado juzgar crímenes de lesa humanidad -como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política– independientemente de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad de las víctimas y victimarios, siempre que se demuestre que en el país de origen no existen garantías judiciales para investigar. En el caso de Venezuela, la Justicia argentina consideró que hay pruebas de que el Poder Judicial responde al Poder Ejecutivo, garantizando la impunidad del régimen.
El expediente se inició por la denuncia del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad, sumado al testimonio desgarrador de víctimas directas del régimen que lograron escapar a la Argentina. La querella representa a familias que sufrieron el aparato represivo del chavismo, operado a través de organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM.