La Justicia Federal hizo lugar al pedido del Gobierno de Javier Milei y prohibió la difusión de los audios filtrados que comprometen a funcionarios de la Casa Rosada, incluida Karina Milei. La decisión fue tomada en el marco de una denuncia por una presunta “operación de inteligencia ilegal” orientada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno presentó la denuncia y solicitó medidas cautelares para impedir nuevas filtraciones. “Debemos proteger la integridad institucional y la transparencia del proceso electoral”, afirmó el funcionario en su conferencia matutina.
La causa apunta contra personas vinculadas a medios de comunicación y empresarios. Entre los mencionados en el escrito judicial figuran el periodista Mauro Federico, el conductor Jorge Rial, el abogado Franco Bindi y el empresario Pablo Toviggino. Desde el entorno oficial aseguran que estas filtraciones forman parte de un armado que busca debilitar al oficialismo de cara a las elecciones de octubre.
Los audios, que ya habían sido reproducidos por algunos portales de noticias y difundidos en redes sociales, contienen supuestas conversaciones privadas de funcionarios, entre ellos la propia Karina Milei. La Justicia ahora ordenó el cese inmediato de toda difusión de dicho material.
Impacto en la campaña y lectura política
La decisión judicial llega en un momento clave: tras la derrota en Corrientes y con encuestas que anticipan una elección compleja en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno busca tomar el control de la agenda pública. En ese contexto, la filtración de los audios había encendido alarmas internas, por su potencial para erosionar la imagen de la hermana del Presidente, considerada su principal asesora política.
El oficialismo interpreta la difusión como parte de una maniobra de espionaje político y mediático, por lo que seguirá impulsando acciones judiciales para evitar que se repitan episodios similares. “No vamos a permitir operaciones contra la democracia”, expresaron desde Balcarce 50.
Con esta resolución judicial, el Gobierno no solo denuncia una maniobra de inteligencia, sino que además obtiene una herramienta legal concreta para intentar frenar la escalada mediática en su contra.