Atado a un escenario altamente negativo en lo político y en lo económico, justo en la semana de las cruciales elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno ensaya una vía de escape para tratar de achicar el daño colateral por el escándalo de las presuntas coimas: denunció una “operación de inteligencia ilegal” por los audios del escándalo las supuestas coimas del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y las escuchas a Karina Milei.
En la presentación, el Gobierno sostiene que el objetivo de esta operación está destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral. Todos los cañones del oficialismo apuntan a periodistas como Jorge Rial, un implacable crítico de la gestión libertaria.
La denuncia oficial recayó en el juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, y en la fiscalía de Carlos Stornelli. Apenas un rato después de anunciar la decisión del Ejecutivo de judicializar la filtración de las grabaciones, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que “la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”.
Según el posteo del funcionario, con esa decisión, -en ese caso del juez Alejandro Maraniello, federal en lo civil y comercial- interpretó “que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.
El Ejecutivo decidió recurrir a la justicia federal al entender que las supuestas maniobras consistieron en “la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.
En la Casa Rosada sostienen que no se trata de una filtración “casual” sino de “un ataque planificado” destinado a perjudicar las chances de LLA en las próximas elecciones. “Hoy el país no es el mismo que hace 15 días”, opinó el domingo un asistente al acto celebratorio del gobernador correntino Gustavo Valdés, al hacer referencia a la crisis que vive el Gobierno nacional por este escándalo y por una suba de tasas inédita y una aceleración en la cotización del dólar, que ayer alcanzó a $ 1.390 a un paso del tope de la banda de flotación.
La denuncia del Ejecutivo aportó nombres implicados en el supuesto plan de escuchas ilegales: “Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino” ex número de la SIDE, indicaron fuentes oficiales.
En el Gobierno aseguran que alguna de las grabaciones, como las de Karina, “podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada”, lo que constituye “una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”. No sería el caso de los audios de Spagnuolo que, se presume, fueron registrados en un bar. “Se quejaba por lo de Lule ante muchas personas”, contó un dirigente que conoce al exabogado del presidente Javier Milei.
En ese sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó que detrás de los audios de Karina Milei grabados en Casa Rosada están “servicios de inteligencia nacionales paralelos”, como también “extranjeros”, entre los que mencionó a Rusia y Venezuela.
“Es algo inédito, siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora está operación, que es grabar en la sede del Poder Ejecutivo, es algo que nos pone en una situación de indefensión a todos los ciudadanos”, se quejó Bullrich.