El Tribunal Oral Número 7 comenzó a escuchar, esta mañana a las 10, a los más de 40 arrepentidos en la causa Cuadernos. Lo hacen amparándose en un artículo del código penal que contempla la reparación integral a través de un acuerdo resarcitorio.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dispusieron 10 minutos para la exposición de cada una de las defensas, con lo cual la audiencia promete ser extensa. Posteriormente, el tribunal le dará la palabra a Mariano Galpern, representante de la Unidad de Información Financiera, y luego a la fiscal Fabiana León.
La audiencia se realiza de manera virtual y además están presentes el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) del kirchnerismo, Claudio Uberti, el antiguo Ministro de Planificación, Julio De Vido.
Algunos imputados se limitaron a confirmar los escritos ya presentados, sin detallar montos. Otros sí los explicitaron: la defensa de Ernesto Clarens ofreció un departamento en Miami y una embarcación valuada en 1,5 millones de dólares; Mario Rovella propuso 732 millones de pesos, y José Paolini, 826 millones.
El primero en tener la palabra fue Roberto Saint Jean, defensor de Jorge Balán y del ingeniero Roberto Orazi, de la constructora Hidraco, quien reclamó que se abra la instancia de réplica para contestar las opiniones de las partes acusadoras si son contrarias a su pedido.
Las sumas propuestas por las defensas varían entre un millón de pesos y un millón y medio de dólares, montos que en su mayoría representan una actualización de los embargos ya trabados en el expediente. Cada propuesta será analizada por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli.
Otros montos ofrecidos en la audiencia son: Adrián y Mauricio Pascucci $133.000.000; Benjamín Romero $100.000.000; Roberto Orazi $136.403.400; Mario Rovella $731.828.906; Marcelo Aznar $240.000.000 (actualizado); Osvaldo De Souza $200.000.000; Patricio Gerbi $ 45.000.000; Rodolfo Poblete $50.000.000. Otros imputados adhieren a la moción pero sin una propuesta económica concreta.
La UIF se opuso al acuerdo
La Unidad de Información Financiera (UIF) rechazó los ofrecimientos de empresarios y exfuncionarios para evitar el juicio oral en la causa. El director del organismo, Paul Starc, advirtió que aceptar esas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico.
En su presentación, la UIF recordó que se trata de un esquema de corrupción sistémica que funcionó entre 2003 y 2015, con delitos como cohecho, dádivas y asociación ilícita. Señaló que no se trata de hechos de menor lesividad social ni de un perjuicio meramente patrimonial, sino de un daño institucional y colectivo que solo puede repararse a través de un debate oral y público con sus correspondientes condenas.
El organismo subrayó que el dinero eventualmente ofrecido no compensa la pérdida de confianza en el sistema democrático ni el descrédito de la administración pública, y que aceptar esos acuerdos enviaría un mensaje de impunidad. Finalmente, reclamó al Tribunal mantener la fecha de inicio del juicio fijada para el 6 de noviembre y avanzar con las condenas y decomisos de bienes.