El exmandatario Mauricio Macri condenó los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante la movilización por la actualización de los haberes jubilatorios, que terminó con violentos enfrentamientos con la policía y más de 120 detenidos.
“Hablo en nombre del PRO: nuestro compromiso con la defensa de la ley y las instituciones es total. Repudiamos el uso de la violencia y el desorden como herramientas para desestabilizar a un gobierno democrático”, expresó el exjefe de Estado en sus redes sociales.
Macri, quien en las últimas semanas había cuestionado algunas decisiones del oficialismo, dejó de lado sus diferencias y equiparó los hechos con los registrados en 2017, cuando enfrentó una revuelta similar al intentar modificar la ley de movilidad jubilatoria.
“Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov. Desde adentro del Congreso, diputados del peronismo y de izquierda coordinaban con el exterior para generar caos. Fue un auténtico intento de golpe de Estado”, aseguró.
Según Macri, en esta ocasión se utilizó la misma estrategia: “Hinchas barrabravas escudados en algunos pocos jubilados provocaron a la policía y, al obtener una respuesta, se victimizaron para instalar una narrativa de represión estatal contra trabajadores inocentes”.
El Gobierno ya había señalado la participación de grupos violentos en los disturbios y vinculó directamente a los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora con la organización de los incidentes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también denunció la presencia de barrabravas de distintos clubes, acusándolos de intentar “desestabilizar” a la gestión de Javier Milei.
La postura de Macri se diferencia de la expresada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien si bien cuestionó la violencia, defendió el derecho a la protesta. “Representa un ejercicio de la democracia”, sostuvo.
La movilización, que en un principio fue convocada para reclamar por la situación de los jubilados, derivó en enfrentamientos con la policía, dejando al menos 46 heridos, entre ellos 26 efectivos de seguridad. Uno de los más afectados es el reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió un impacto en la cabeza y permanece en estado crítico tras ser operado de urgencia.
El gobierno criticó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien liberó a la mayoría de los detenidos. En paralelo, el oficialismo respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad y anticipó que tomará medidas para reforzar la seguridad en futuras protestas.