El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a la tesorera y a los dos custodios de Sur Finanzas por ocultarle información a la Justicia cuando hace dos semanas fueron detenidos en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera sacando computadoras del lugar para ser borradas. Fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado procesó por el delito de encubrimiento agravado a Micaela Sánchez, Sergio Da Silveira y Juan Cervín.
Además, el juez aceptó el pedido de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria para que continúen la detención bajo esa modalidad. El delito por el que fueron procesados es excarcelable pero el magistrado entendió que existen riesgos para la causa si quedan en libertad.
Estos son los primeros procesamientos que se resuelven en la causa en la que se investiga por presunto lavado de dinero a Sur Finanzas, una empresa de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y que fue sponsor y financió a distintos clubes.
Sur Finanzas, la AFA y 18 clubes fueron allanados en busca de documentación para la investigación. Un anónimo se comunicó con la Justicia e informó que en un depósito de Turdera vio a camionetas de la empresa sacando cajas, por lo que el lugar fue allanado y detenidos la tesorera y los custodios.
“Nunca quise ocultar o destruir pruebas. La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando”, sostuvo Sánchez en una presentación que hizo la semana pasada.
La Policía Federal secuestró en el galpón dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes de las cuales cuatro son de grandes dimensiones, posnets, documentación vehicular, dos CPU, una computadora all in one, un DVR, material y equipamiento médico, 30 cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.
Toda esa documentación comenzó a ser analizada por la justicia junto con el resto de lo secuestrado en los allanamientos. El juez Armella dispuso que la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de la Procuración General de la Nación, y la fiscal federal del caso, Cecilia Incardona, se aboquen al análisis de todo el material.
También se comenzaron a abrir los celulares que se obtuvieron en los procedimientos. Uno de ellos el de Vallejo, quien lo entregó en la justicia junto con el de su madre, Graciela Vallejo, quien figura como presidenta de Sur Finanzas, y dio las claves de ambos móviles. Los dos teléfonos ya fueron abiertos.