El Gobierno nacional se dispone a presentar un proyecto de reforma integral del Código Penal. El objetivo central es endurecer las penas y adaptar la legislación a nuevas formas de criminalidad. La iniciativa incorpora conceptos inéditos, como el combate a los delitos digitales y la tipificación del ecocidio, en una actualización considerada prioritaria por la administración que encabeza Javier Milei.
La propuesta surge ante la necesidad de modernizar un Código Penal vigente desde 1921. El Ejecutivo busca dotar a la justicia de herramientas eficaces para responder a los desafíos actuales. Entre los propósitos principales se destacan el diseño de penas más severas y la introducción de nuevas conductas delictivas, con la meta de fortalecer la seguridad en el país.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el aumento de penas para delitos violentos y la inclusión de agravantes, como el accionar de los denominados motochorros y los episodios de violencia en espectáculos deportivos. También se prevé que delitos como abuso sexual, homicidio, trata de personas, terrorismo y narcotráfico sean declarados imprescriptibles, es decir, que nunca puedan perder la posibilidad de enjuiciamiento por el paso del tiempo.
La lucha contra el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, ocupa un lugar central en la reforma. El proyecto apunta a atacar la financiación de los delitos por medio de un uso sistemático del decomiso de bienes ilícitos como medida para recuperar activos y presionar a las organizaciones criminales.
La actualización legal incluye, por primera vez, una sección dedicada a delitos digitales y ciberdelito. El plan contempla la penalización de la usurpación de identidad, el grooming y la difusión no consentida de datos personales, aspectos que adquieren mayor relevancia debido al avance tecnológico y la digitalización de la vida cotidiana. La intención es que estas conductas queden tipificadas con sanciones específicas.
En el capítulo de novedades se encuentra la incorporación de delitos electorales, lo que refleja la voluntad de ampliar la ley penal a ilícitos que afectan el sistema democrático.
Una de las innovaciones más destacadas es la tipificación de ecocidio, destinada a reforzar la protección ambiental ante desastres, como los incendios forestales provocados. La periodista enfatizó que esta iniciativa busca adaptar la normativa penal a los problemas ambientales contemporáneos y responde a una prioridad política del actual Gobierno.
La reforma también introduce un elemento de tensión política, en especial dentro del peronismo. La aprobación del texto podría generar divisiones internas, ya que hay sectores que apoyan la modernización y otros que muestran desacuerdo, lo que anticipa un debate legislativo complejo en el Congreso.
El proyecto es resultado del trabajo de juristas que emplearon varios meses en la redacción del nuevo Código. Una vez concluida la discusión sobre la reforma laboral, el Ejecutivo enviará el texto al Parlamento para su tratamiento formal. La expectativa es que el envío al Congreso marque el inicio de una discusión que podría transformar la evolución del sistema legal argentino.
Fuente: Infobae