El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció ayer la puesta en marcha de nuevas medidas que endurecen el régimen migratorio de la Argentina. El plan incluye requisitos más severos para obtener la ciudadanía argentina, la expulsión de inmigrantes ilegales o con condenas y un nuevo intento de cobrar los servicios de salud y educación a los extranjeros.
Fue enfático Adorni al señalar que “Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, e insistió que “todo aquel que sea condenado, será deportado, sea el delito que sea”. Al justificar las reformas migratorias, el portavoz dijo que “en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, equivalente a la población de La Matanza o la provincia de Tucumán”.
Adorni también adelantó el vocero que el Gobierno finalmente avanzará en la iniciativa que ya habían esbozado algunos funcionarios de que las universidades estarán habilitadas a cobrarle a los alumnos extranjeros si así lo deciden y que “los residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud”. En ese sentido, sostuvo que “quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar la capacidad de pago”.