Señor director:

El Congreso Nacional aprobó en septiembre de 1948, la Ley N¦ 13.273 de "Defensa de la Riqueza Forestal". Esta ley fue tan adelantada a los tiempos, que hasta muy entrada la década de 1990, fue el eje de toda política forestal nacional. Desde lo conceptual era una ley completa. Proponía una definición de bosques y su clasificación. Insistía en la creación de un fondo provincial en todas la provincias que adhirieran.

Establecía la normativa para el transporte para el producto y subproducto de los bosques. Debido a ello existió en todo San Juan, un gran movimiento en el traslado de producto forestal de denominación "Leña Seca'' o "Alamo". Promovió la forestación privada. Era común ver en los valles cordilleranos bosques en macizo, trinchera y cortina, hoy ya no es así. 

Se creó el Instituto Forestal Nacional (Ifona) para ello. Tanto era el interés en preservar los bosques que inclusive el arbolado público se considera "Bosque Protector" de caminos.

Ha pasado mucho tiempo y sólo quedan recuerdos de aquella prodigiosa ley. Como es sabido, la provincia es la responsable del manejo de los recursos naturales renovables, por eso debe tener control de ellos, estableciendo normas de aprovechamiento sustentables.

Durante décadas, el área estatal responsable se denominaba "Arbolado Público". Fue la que se ocupó de regular la actividad de poda y erradicaciones de los ejemplares arbóreos. En la década de 1980, San Juan tuvo legislación propia, ejemplo para todo Cuyo. Pero el eje de acción durante más de tres décadas, organismo responsable, fue actuar como una oficina burocrática de extensión de permisos.

Actualmente este antiguo criterio cambió y la actividad se centra en realizar forestaciones en espacio públicos en conjunto con la labor de contralor. Es ahí donde se cumple con el verdadero rol que le impone la legislación al considerar al arbolado un "Bosque Implantado", es decir que cada árbol es plantado por el hombre para su beneficio y por ello se debe seguir reforestando. 

Este perfil dinámico caracteriza el área. Se ha propuesto acertadamente el traspaso de la función de contralor a los municipios que son los verdaderos custodios de los árboles de zonas urbanas, teniendo en cuenta que ellos mantienen el sistema de riego y realizan las labores culturales de mantención.
La antigua centralización exigía que por ejemplo, un calingastino, jachallero o vallisto debía viajar cientos de kilómetros para la obtención de un simple permiso.

Este cambio de paradigma de manejo del recurso avizora un claro mejoramiento de la forestación pública si cada municipio asume el rol que les confiere la ley.

Loable labor ésta de plantar árboles, actividad que se realiza sin egoísmos para las generaciones futuras, en una región donde el agua es muy escasa y las condiciones climáticas son extremas.
Opinión que la dedico a la memoria del ingeniero agrónomo Sattler, del "Negro'' Pantuso, a don Quinzano, Julio Coll, Humberto Coria, a "Torito'' Tinto, entre otras que ya no nos acompañan físicamente, pero que pude ver con mis propios ojos lo mucho que hicieron por proteger cada uno de los añosos árboles que hoy poseemos.