Señor director:

Cuando en la República, los Poderes del Estado son indiferentes ante mandatos constitucionales (1994) y legalmente adquiridos por pueblos originarios (2006), es previsible que deba pagarse el costo de esa indiferencia. La restitución de tierras a los descendientes de sus dueños ancestrales está reconocida. Algunos mandatarios provinciales obedecieron, pero fueron más los indiferentes. Para peor, entre estos hubo muchos que, en vez de disponer la entrega de tierras fiscales, se apropiaron de ellas a favor de intereses personales o negociando su venta a precios viles y apátridas. Aún se está a tiempo de rectificar improcedencias, como sucedió en Mendoza o San Luis. Me consta, porque participé del acto de entrega de tierras a los huarpes de Lagunas del Rosario, en Mendoza, y conozco territorio restituido a los huarpes y ranqueles de San Luis.

Es hora ya de hacerles el llamamiento patriótico para lograr acuerdos -a cara descubierta- en la restitución de sus derechos, antes de tener que pagar costos lamentables.