Quiero hacer un comentario sobre una carta hecha pública en varios medios de Buenos Aires el pasado 13 de marzo por la Comisión de Pastoral Social referida a la Ley de Glaciares. Es muy doloroso para un minero católico como yo, ver a algunos líderes de nuestra propia Iglesia, militar públicamente en perjuicio de la explotación minera, de los trabajadores mineros, de sus familias, y de las posibilidades de progreso de las provincias cordilleranas. Y duele más, porque junto con un grupo de profesionales idóneos de Mendoza, ofrecimos asesoramiento y colaboración en materia de geología y minería en sendas audiencias, primero con monseñor Arancibia y después con monseñor Buenanueva. Pero, nunca nos llamaron y tampoco tuvieron en cuenta los estudios e informes que les entregamos. Además, la omisión de estudios y datos oficiales y la liviandad de algunas opiniones vertidas induce a pensar que el asesoramiento idóneo sigue ausente.
Sorprende que ahora se hable de falta de estudios, cuando todos sabemos que en el Senado de la Nación, se dejó de lado el texto propuesto desde la Dirección del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, que preveía proteger los glaciares como corresponde a su conocimiento científico, y se cambió por otro que introdujo un nuevo objeto de protección llamado ambiente periglaciar, que no es en sí mismo un recurso hídrico, con una tramposa definición perversamente destinada a impedir la minería en la Cordillera de los Andes y en otras montañas.
Espero que Dios ilumine a los miembros de la Comisión de Pastoral Social, para que se comprometan a combatir la desocupación y la pobreza, alentando la creación de nuevas fuentes de producción y trabajo sin discriminaciones ajenas al sentimiento y la fe católica.
