Señor director:

El proyecto presentado en la Legislatura porteña enardeció a las feministas que consideran que tienen "derechos" exclusivos y excluyentes sobre el hijo. Es que se crearía un "Registro de Obstructores de Vínculos Familiares'', en la órbita del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para todo aquel que teniendo sentencia firme en función de la Ley 24.270, niegue o entorpezca el contacto entre un menor y su progenitor no conviviente o parientes (abuelos, tíos u otros familiares con los que el menor tenga vínculo afectivo). La inscripción o baja en el Registro, se realizaría sólo por orden judicial.

Dice el proyecto en los fundamentos: Originariamente, un conflicto típicamente de familia quedaba encuadrado dentro de la justicia civil, sin embargo, desde hace algunos años, la problemática de las separaciones ha ido mutando, y en la actualidad tiene un gran componente penal.

Denuncias de amenazas, violencia y abuso deshonesto son las más usuales, utilizadas como medio desvinculante. Se trata de hechos no acaecidos realmente, al no tener pruebas, estas acusaciones se derrumban por su propio peso.

A pesar de la escasa credibilidad que pueden tener, logran suspender preventivamente los regímenes de visitas, o que éstos no se otorguen, y durante ese tiempo la inculcación maliciosa sobre los hijos toma una dimensión que, ante la llegada del reencuentro, imposibilita retomar la relación con los hijos, por el daño vincular ocasionado.

El proyecto desató la ira del feminismo que hace lobby en la Legislatura para que no avance. La posibilidad de que una mujer pueda ser declarada obstaculizadora de vínculos familiares se da de bruces con el patrón que reivindican: hombre / victimario mujer / víctima.

Esperamos que las instituciones, así como las y los representantes legislativos tomen en cuenta nuestras luchas para continuar avanzando en materia de Derechos.