Las heladas volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de la producción agrícola sanjuanina frente a las contingencias climáticas y, al mismo tiempo, la necesidad de contar con herramientas estatales capaces de responder con mayor rapidez cuando un fenómeno de estas características golpea al sector productivo.
Ante daños de las heladas, hacen falta respuestas más rápidas para proteger a los productores
El número de denuncias presentadas por los productores resulta elocuente. Al cumplirse el plazo establecido para informar los daños, el Gobierno provincial recibió más de 1.350 presentaciones que, en conjunto, representan unas 18.500 hectáreas denunciadas. De ese universo, los equipos técnicos ya relevaron aproximadamente 9.000 hectáreas, mientras continúan las inspecciones necesarias para completar el diagnóstico.
Se trata de una magnitud que permite dimensionar la gravedad de la situación y que, de confirmarse en las evaluaciones definitivas, justificaría avanzar con la declaración de la emergencia agropecuaria. La intención provincial es que la medida pueda alcanzar a todo San Juan y no quede restringida exclusivamente a los departamentos donde se concentran los mayores daños, entre ellos Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete.
Vitivinicultura, olivicultura y horticultura aparecen entre las actividades más afectadas. Son producciones que requieren años de trabajo, inversiones permanentes y condiciones climáticas adecuadas para sostener su rendimiento. Una helada intensa puede comprometer una cosecha completa y generar consecuencias económicas que se prolongan mucho más allá de la contingencia inmediata.
Por eso resulta razonable que, una vez concluido el relevamiento, se agilicen las gestiones ante la Nación para formalizar la emergencia y poner a disposición de los productores las herramientas previstas para estas circunstancias. La ayuda, cuando llega demasiado tarde, pierde buena parte de su eficacia.
Pero la actual emergencia también debería servir para mirar hacia adelante. La normativa vigente para responder ante este tipo de contingencias tiene varias décadas y fue concebida para una realidad productiva y administrativa diferente. La iniciativa que analiza el Gobierno provincial para modificarla constituye, en ese sentido, una oportunidad para establecer procedimientos más ágiles y adecuados.
La posibilidad de verificar rápidamente los daños y declarar inicialmente la emergencia en los sectores o departamentos afectados, para luego ampliar su alcance si el relevamiento así lo determina, puede evitar demoras innecesarias. El productor necesita previsibilidad y una respuesta estatal que acompañe sus tiempos, no los prolongados tiempos de la burocracia.
Las heladas ya dejaron su marca. Ahora corresponde que la respuesta también esté a la altura de la dimensión del problema. Una legislación moderna, rápida y eficaz no evitará las contingencias climáticas, pero sí puede impedir que sus consecuencias económicas sean todavía más difíciles de sobrellevar.