DITORIAL
Carencia de sustento jurídico del planteo de La Rioja en torno al proyecto Vicuña
La disputa planteada por la provincia de La Rioja en torno al proyecto minero Vicuña ha encendido una señal de alerta en la región cuyana. Más allá de las tensiones políticas inevitables entre jurisdicciones vecinas, el planteo abre un debate que trasciende lo estrictamente territorial: pone en cuestión la seguridad jurídica, la previsibilidad para las inversiones y el desarrollo de proyectos estratégicos en un momento clave para la minería argentina.
Desde San Juan, la posición ha sido clara y firme. El gobernador Marcelo Orrego ratificó la jurisdicción provincial sobre el yacimiento y rechazó de plano las pretensiones riojanas. Lo hizo apoyándose en un marco legal consolidado que no deja lugar a interpretaciones ambiguas. La delimitación territorial entre ambas provincias está definida por la Ley Nacional 18.004, vigente desde hace más de medio siglo, sancionada por el Congreso y aplicada de manera ininterrumpida desde entonces.
En ese contexto, el mandatario sanjuanino fue categórico al señalar que la provincia defenderá sus derechos 'con la ley en la mano". No se trata de una frase retórica. La jurisdicción sobre el yacimiento, según lo expuesto por el Gobierno provincial, es clara, legal y reconocida. A ello se suma un respaldo constitucional fundamental: el Artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina, que establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias donde se encuentran.
Bajo ese principio, Orrego descartó cualquier posibilidad de compartir regalías derivadas del proyecto. No existe norma alguna que obligue a una provincia a repartir los beneficios de sus recursos naturales con otra jurisdicción. En palabras del propio gobernador, lo que está en el subsuelo sanjuanino pertenece a los sanjuaninos.
El conflicto adquiere una dimensión mayor porque se inscribe en torno a un proyecto considerado estratégico. En un escenario global donde el cobre se vuelve un mineral clave para la transición energética, la minería vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica nacional. Argentina busca posicionarse como proveedor de minerales críticos y San Juan es, sin duda, uno de los territorios con mayor potencial en ese proceso.
Por eso, la controversia no solo involucra una discusión entre provincias. También impacta en la confianza de los inversores y en la estabilidad de proyectos que requieren previsibilidad a largo plazo. La minería, por su propia naturaleza, demanda reglas claras y marcos institucionales sólidos.
El llamado al diálogo institucional siempre es bienvenido y necesario en un país federal. Sin embargo, como advirtió Orrego, el diálogo tiene límites cuando se pretende abrir debates que carecen de sustento jurídico. Defender la legalidad vigente no es una postura inflexible, sino una condición indispensable para garantizar el desarrollo productivo.
En definitiva, lo que está en juego no es solo un límite interprovincial. También lo está el futuro minero de la región y la credibilidad institucional que necesita el país para transformar sus recursos en oportunidades reales de desarrollo.