Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista
Cuarteles de las FFAA, al borde de no poder pagar servicios y alimentación
El presupuesto general de las Fuerzas Armadas (FFAA) argentinas ya venía sufriendo desde el año 2024 una quita del 35%, afectando directamente la operatividad y el sostenimiento logístico del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ahora al promediar el 2026, la situación empeora y hay falta de alimentos y de fondos para pagar la luz, agua y gas en distintas bases físicas destinadas al alojamiento, instrucción, entrenamiento y despliegue en todo el país.
Al analizarse tan inédita crisis se encuentra su origen en lo que los entendidos llaman "décadas de desinversión crónica y a la reciente profundización del ajuste fiscal del actual gobierno del presidente Javier Milei en todos los sectores del Estado". Los cuarteles afectados están localizados en distintos lugares del país, como las bases permanentes de Campo de Mayo (y Escuela de Suboficiales del Ejército Argentino "Sargento Juan B. Cabral"), Orcadas, Marambio, Esperanza, San Martín y Belgrano II, y las bases temporarias Melchior, Decepción, Cámara, Primavera, Petrel y Matienzo. Pero lo que más afecta al personal militar es el déficit operativo grave que se padece, paralizándose el alistamiento operacional, provocando la suspensión de compras de equipamiento estratégico y "comprometiendo el pago de servicios básicos en los cuarteles".
El gasto en Defensa está llegando a mínimos históricos, y las dependencias militares se encuentran al borde de no contar con presupuesto para lo esencial, como acabamos de ver. Además, fuentes de las tres armas sostienen que "muchos soldados dependen de las comidas en los cuarteles porque sus salarios no alcanzan". Y si bien cerca del 90% de los fondos oficialmente disponibles "está destinado a salarios y pensiones, estos no son los adecuados para la realidad actual del país".
Pero, en medio de tan difícil situación, salta también la escandalosa crisis de la obra social castrense, es decir el ahora ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de las Fuerzas Armadas argentinas (IOSFA). A pesar de haber sido una de las obras sociales más grandes del sector público argentino, entre 2024 y 2025 acumuló un pasivo estimado entre 200.000 y 300.000 millones de pesos argentinos, "producto de un déficit operativo crónico y del aumento sostenido de los costos médicos". Pero la citada ex obra social IOSFA quedó dividida en dos, actualmente vigentes: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Sin embargo, esta reestructuración no detuvo las dificultades que se venían produciendo, ya que hay una crisis de renuncias en la cúpula directiva de estas obras sociales por diferencias en el manejo de fondos y del pago de pasivos. Se observan casos de afiliados sin cobertura efectiva, demoras en reintegros y el cobro de consultas particulares. Uno de estos casos fue explicado con más detalles por el Diario Digital del Norte (Ciudad de Salta) que cubrió el caso de un suboficial retirado sanjuanino que había denunciado la interrupción de su tratamiento oncológico, generando "un fuerte impacto y polémica por los recortes y la falta de cobertura médica". Por su parte, el Diario Junio de la provincia de Entre Ríos, citó que las denuncias de soldados y suboficiales de distintas dependencias de las tres Fuerzas Armadas de Argentina se multiplican ante la falta de alimentos, admitiendo que la calidad de la alimentación actual cayó de manera alarmante, "mientras los altos mandos siguen conservando sus privilegios". Esto se enmarca en la constante disminución del presupuesto general, lo que afecta también a la operatividad y el sostenimiento logístico del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, provocando la suspensión de compras de equipamiento estratégico y "comprometiendo el pago de servicios básicos en los cuarteles".
Volviendo a la problemática de las obras sociales, el Diario Junio citó que en Chaco "se multiplican los casos de afiliados sin cobertura de salud efectiva". Como consecuencia de todo esto, el atraso histórico en los pagos a clínicas, sanatorios y profesionales ha motivado la suspensión o el corte total de las prestaciones médicas a militares en diversas provincias, obligando a los afiliados a pagar tratamientos de su bolsillo o recurrir a la vía judicial para garantizar su atención. El instrumento legal por el que el Gobierno nacional aplicó un nuevo recorte presupuestario al área de Defensa es la "Decisión Administrativa 20/2026" y representa un ajuste del 2,6% sobre los recursos previstos para ese ministerio durante este año.
En términos económicos, la quita supera los 48.900 millones de pesos, y esto agrava una crisis estructural donde entre el 75% y el 85% del presupuesto de cada fuerza se destina al pago de sueldos. Todo esto también ha provocado un éxodo masivo de más de 15 mil militares que pidieron su baja desde 2025 por los bajos salarios y para comenzar a trabajar, mejor remunerados, en la actividad privada.