La media sanción de la nueva Ley de Discapacidad representa un avance institucional que deberá traducirse en derechos efectivos, prestaciones sostenidas y una protección que no dependa de las urgencias políticas ni de las disputas presupuestarias.
Discapacidad: una ley permanente exige garantías concretas y recursos suficientes
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, un respaldo que refleja la amplitud del consenso alcanzado entre el oficialismo y distintos bloques opositores. El entendimiento permitió preservar prestaciones esenciales y reemplazar el esquema de emergencia vigente por un marco legal permanente. Ahora será el Senado el que deba completar el tratamiento de una iniciativa que compromete al Estado con uno de los sectores que más necesita de políticas públicas estables.
El principal valor de esta propuesta reside en superar la incertidumbre que genera depender de sucesivas prórrogas legislativas. Las personas con discapacidad y sus familias necesitan previsibilidad para organizar su vida cotidiana, acceder a tratamientos y sostener procesos de rehabilitación. Los prestadores, por su parte, requieren condiciones económicas que les permitan continuar brindando servicios sin quedar expuestos a atrasos o insuficiencias de financiamiento.
Entre los aspectos centrales se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, con actualizaciones periódicas vinculadas a la inflación. También se mantienen el Certificado Único de Discapacidad y el nomenclador común de aranceles para prestaciones básicas, como rehabilitación, transporte, centros de día y acompañamiento.
Otro avance significativo es la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. La medida reconoce que la inclusión laboral debe ser un objetivo de las políticas públicas y no una amenaza para quienes necesitan asistencia. Trabajar, desarrollar capacidades y alcanzar autonomía económica son aspiraciones legítimas que el sistema debe favorecer.
Sin embargo, la aprobación legislativa no resuelve por sí sola los problemas del sector. La ley necesitará financiamiento suficiente, controles transparentes y mecanismos de actualización que impidan el deterioro de las prestaciones. La estimación de un costo fiscal cercano a los 598.912 millones de pesos para 2027 obliga a discutir con responsabilidad cómo se sostendrán los compromisos asumidos. Las garantías escritas perderían sentido si los recursos no llegan oportunamente a sus destinatarios.
También será indispensable escuchar a las organizaciones de personas con discapacidad, cuyos reclamos deben formar parte de la implementación y evaluación de la norma. Ninguna política destinada a este colectivo puede construirse de espaldas a quienes conocen directamente sus necesidades.
El desafío del Senado será convertir el amplio respaldo conseguido en una ley definitiva y aplicable. La discapacidad no puede quedar subordinada a la conveniencia fiscal ni a las diferencias partidarias. Una sociedad demuestra su madurez cuando protege a quienes enfrentan mayores barreras y transforma los derechos reconocidos en respuestas concretas. La inclusión no se proclama: se garantiza con decisiones, presupuesto y continuidad.