Por Dr. Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
El blindaje de la deuda
El reciente y definitivo archivo de la causa penal por el endeudamiento de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reabre un debate que no es meramente técnico ni estrictamente tribunalicio; es, ante todo, un dilema de profunda densidad institucional y soberana. La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal expone con crudeza el funcionamiento de los engranajes del poder, donde las "ventanillas políticas" cambian de color, pero el resultado jurídico permanece inalterable.
Desde una mirada estrictamente jurídica, el fallo que desestima la existencia de delitos bajo el argumento de que se trató de una "decisión de política económica" no revisable por los jueces no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga tradición jurisprudencial argentina que delimita las fronteras entre el derecho penal y las facultades del Poder Legislativo. El antecedente histórico más contundente de esta doctrina es, sin dudas, el célebre "Caso Olmos".
El precedente del Caso Olmos y el rol del Congreso
En julio del año 2000, tras una exhaustiva investigación de 18 años impulsada por el periodista Alejandro Olmos, el entonces juez federal Jorge Ballestero dictó un fallo histórico sobre la deuda contraída durante la última dictadura militar (1976-1983). A pesar de haber verificado más de 470 operaciones económicas espurias, la estatización de deudas privadas y maniobras fraudulentas que arrodillaron al país, la justicia penal se declaró incompetente para dictar condenas debido a la prescripción de los delitos.
La clave de aquella sentencia del Juzgado Federal N° 2 fue remitir todo lo actuado de manera formal al Congreso de la Nación. El fallo determinó que, de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Nacional, es el Poder Legislativo el único órgano con el mandato soberano e institucional de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación" y evaluar las responsabilidades políticas subyacentes. La justicia penal, por tanto, fijó un límite: la validez y legitimidad última de la deuda pública se define y se resuelve en el Parlamento, no en los tribunales.
El Congreso como escribanía de la validación moderna
El paralelismo con la causa del FMI es absoluto. El pecado original del préstamo de más de 44.000 millones de dólares contraído por la gestión de Cambiemos radicó en su flagrante elusión de los mecanismos de control del Poder Legislativo, naciendo con una legitimidad severamente cuestionada.
Sin embargo, aplicando la lógica del caso Olmos, el verdadero giro dramático ocurrió durante el mandato de Alberto Fernández. Pese a la retórica encendida de las denuncias penales, la estrategia del Ejecutivo viró hacia el pragmatismo de la renegociación. Al enviar el nuevo memorando de entendimiento al Parlamento, la administración de ese entonces consiguió que el Congreso de la Nación sancionara la Ley N° 27.668.
Al aprobar los términos del nuevo programa, el Poder Legislativo legalizó y convalidó de manera retroactiva la vigencia del compromiso original. Desde el punto de vista del derecho constitucional, los representantes del pueblo y de las provincias reconocieron formalmente la deuda como propia, saneando cualquier vicio procedimental de origen. La política institucionalizó el pacto y, al hacerlo, terminó de cerrar la ventanilla judicial.
El cierre de un blindaje sistémico
Lo que hoy la opinión pública percibe como impunidad o como una "frutilla del postre" puesta por la corporación judicial, es en realidad la repetición de una máxima del poder: el sistema se protege a sí mismo mediante la formalidad de sus leyes.
Cuando el Poder Ejecutivo resolvió retirar al Estado de su rol como querellante en las actuaciones y los fiscales de casación desistieron de sostener la acusación, el destino de la causa quedó sellado. Sin acusadores activos y con una ley aprobada por el propio Congreso que convalidaba el acuerdo, los magistrados de Casación Penal simplemente formalizaron el archivo definitivo.
Tal como ocurrió en el año 2000 con el fallo de Ballestero, la justicia penal volvió a demostrar que el andamiaje legal de la deuda se blinda políticamente en el Congreso, dejando a la sociedad ante la amarga certeza de que el gran capital nunca rinde cuentas ante el estrado.