Por Dr. Mario Alfredo Luna
El dumping que Nación consiente y que las provincias agrícolas pagan solas
Abogado y ex presidente del Concejo Deliberante de Jáchal
Esta campaña, San Juan sembrará hasta un 25% menos de tomate para industria. La causa inmediata que señalan los propios productores es la energía: un insumo que dejó de ser subsidiado y hoy funciona como un commodity dolarizado, mientras el tomate se sigue cobrando en pesos. Pero detrás de ese dato hay algo más grave que una simple cuestión de costos: Argentina está tolerando un juego de comercio desleal que la propia normativa internacional prevé corregir, y el golpe lo absorben en soledad las provincias donde está la producción.
Problema con nombre técnico
El ingreso de pasta de tomate china creció de forma explosiva: de unas 30 mil toneladas anuales hace dos años se pasó a más de 9 mil toneladas en un solo mes de enero, un salto interanual del 1.334%. Los propios productores de Cuyo ya identificaron el mecanismo y pidieron por escrito lo que corresponde: cupos de importación y mecanismos antidumping para la pasta de tomate china. Es un reclamo textual, no una interpretación.
Y sin embargo, mientras Nación sí abrió investigaciones antidumping este año para torres eólicas, porcelanato, lavarropas o foil de aluminio, el tomate no entró en esa lista. Más aún: la política oficial va en sentido contrario, acortando la duración de las medidas antidumping vigentes de cinco a tres años y eliminando la posibilidad de renovarlas. El Estado nacional tiene la herramienta, la tiene activa para otros sectores, y elige no usarla para la economía regional cuyana.
Acá aparece la asimetría de fondo: la decisión de abrir o no una investigación por dumping se toma en Buenos Aires, pero el costo social y productivo lo pagan San Juan, Mendoza y La Rioja puertas adentro, sin ninguna instancia real de veto o de reclamo vinculante. Las provincias donde efectivamente se planta, se cosecha y se industrializa el tomate no tienen ninguna herramienta propia para frenar una importación que otro país sí subsidia en origen.
Solo les queda mirar cómo caen las hectáreas sembradas —de 7.800 en la campaña 2023/24 a 5.120 esta temporada— y cómo la industria (Baggio, La Campagnola, Molto) empieza a resolver su abastecimiento importando en vez de financiar al productor local, rompiendo el esquema de integración que durante años sostuvo Tomate 2000.
Es la misma lógica que se repite en otros frentes productivos de las economías regionales: la provincia agrícola pone el territorio, el trabajo y el capital hundido, y una decisión tomada afuera —ya sea comercial, energética o fiscal— define si esa apuesta sobrevive o se licúa.
Por qué esto es grave
Cuando un Estado deja de aplicar las herramientas de defensa comercial que la propia OMC habilita, no está "dejando competir al mercado": está permitiendo que un tercer país exporte su propio subsidio energético disfrazado de precio bajo, mientras adentro se desmantela una cadena de valor completa —campo, transporte, industria conservera, mano de obra rural—. No es una apertura neutral: es una transferencia de renta y de empleo hacia afuera, financiada con la caída de las economías regionales. Lo que hoy es tomate en San Juan y Mendoza puede ser cualquier otro cultivo regional mañana, en cualquier otra provincia, si el criterio de fondo es no proteger nunca al eslabón primario.
Las provincias agrícolas no pueden seguir siendo furgón de cola de decisiones antidumping que se toman —o se dejan de tomar— en otro lado. Si el Gobierno nacional no ejerce esa defensa, son los gobiernos provinciales los que tienen que exigirla con más fuerza y en conjunto: no como capricho proteccionista, sino porque es la misma herramienta que usan hoy China y Chile para no dejar caer a sus propios productores. La pregunta que deberían hacerse San Juan, Mendoza y el resto de las economías regionales no es si pueden competir con el precio de la pasta china, sino por qué el Estado nacional decidió no jugar ese partido a su favor.