La profundización del recorte de las transferencias nacionales hacia las provincias constituye un nuevo motivo de preocupación para el funcionamiento del sistema federal argentino. Los datos correspondientes a junio muestran una reducción sin precedentes en los envíos no automáticos, que registraron una caída interanual real del 87,7%, mientras que en el acumulado del primer semestre el descenso alcanzó el 61,8%. Se trata de cifras que reflejan una política de fuerte restricción fiscal cuyas consecuencias ya comienzan a sentirse en las administraciones provinciales.
El federalismo no solo se construye con discursos, sino también con una justa distribución de recursos
El objetivo del Gobierno nacional de alcanzar y sostener el equilibrio de las cuentas públicas es legítimo y responde a una necesidad impostergable para estabilizar la economía. Sin embargo, ese esfuerzo no debería recaer de manera desproporcionada sobre las provincias, que también enfrentan obligaciones crecientes en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura y asistencia social. El federalismo exige responsabilidades compartidas, pero también una distribución equitativa de los recursos necesarios para cumplirlas.
Las transferencias no automáticas representan una herramienta que permite atender situaciones particulares y acompañar programas específicos. Precisamente por su carácter discrecional, requieren criterios de asignación transparentes, previsibles y alejados de cualquier consideración política. Cuando esos fondos prácticamente desaparecen, las provincias pierden capacidad para afrontar compromisos que muchas veces exceden sus posibilidades presupuestarias.
A ello se suma la disminución registrada en los recursos provenientes de la coparticipación federal, que también experimentó una caída durante junio. La combinación de ambos factores limita seriamente el margen de acción de los gobiernos provinciales y municipales, especialmente en aquellas jurisdicciones con menor capacidad de generar ingresos propios. Las consecuencias pueden traducirse en la postergación de obras públicas, demoras en programas sociales, dificultades para sostener servicios esenciales y una creciente dependencia del endeudamiento.
Otro aspecto que merece atención es la falta de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional durante junio, situación que se repite por segundo mes consecutivo. Estos recursos fueron concebidos precisamente para asistir a las provincias frente a emergencias o desequilibrios financieros. Mantener inmovilizados fondos creados con ese propósito mientras numerosas jurisdicciones enfrentan dificultades económicas resulta, cuanto menos, una decisión que merece una adecuada explicación.
El equilibrio fiscal constituye un objetivo indispensable para recuperar la confianza y sentar las bases de un crecimiento sostenido. No obstante, ese propósito debe compatibilizarse con un verdadero criterio federal que contemple las distintas realidades del país. La estabilidad macroeconómica difícilmente podrá consolidarse si las provincias ven deteriorada su capacidad para atender las demandas de sus habitantes.
La Nación y las provincias están llamadas a construir una relación basada en el diálogo, la previsibilidad y el respeto institucional. El saneamiento de las cuentas públicas no debería implicar un debilitamiento del federalismo, sino una oportunidad para redefinir reglas claras que garanticen una distribución de recursos compatible con las responsabilidades que la Constitución asigna a cada nivel de gobierno. Solo así será posible avanzar hacia un país fiscalmente ordenado, pero también territorialmente equilibrado y socialmente integrado.