El deterioro de la Ruta Nacional 150, en el tramo que vincula Las Flores, Rodeo, Tudcum y Jáchal, ha generado una creciente preocupación entre los habitantes de Iglesia, quienes debieron recurrir a la Defensoría del Pueblo ante la falta de respuestas concretas a sus reiterados pedidos de reparación. La situación expone una problemática que no puede seguir postergándose, porque compromete la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo de una región estratégica para San Juan.
El mal estado de la Ruta 150 genera un reclamo vecinal que exige la atención de organismos viales
La agrupación Vecinos Autoconvocados de Iglesia presentó un petitorio ante ese organismo, luego de agotar distintas instancias de reclamo ante autoridades municipales y provinciales. El planteo cuenta con antecedentes concretos: en septiembre se inició el procedimiento mediante una presentación ante el municipio y Vialidad Nacional, seguido por un expediente respaldado por más de 600 firmas ante Vialidad Provincial, identificado con el número 510002175-2026.
El principal argumento de los vecinos es contundente: las condiciones de transitabilidad son tan deficientes que, en numerosos sectores, los conductores deben circular directamente por la banquina para evitar los tramos más deteriorados de la calzada. Esta descripción revela una situación que excede las molestias habituales de una ruta en mal estado y plantea interrogantes sobre las condiciones mínimas de seguridad que deben garantizarse a quienes la utilizan diariamente.
La preocupación adquiere mayor dimensión si se considera la importancia de este corredor para la comunicación entre las localidades iglesianas y Jáchal. Por esa vía circulan residentes, trabajadores, transportistas y visitantes, en una zona donde la conectividad resulta indispensable para sostener las actividades económicas, los servicios y el movimiento turístico.
También debe tenerse en cuenta la distribución de responsabilidades. Desde agosto de 2026, Vialidad Provincial asumió, mediante un convenio de traspaso, el mantenimiento de estas rutas. En consecuencia, resulta imprescindible que los organismos competentes definan prioridades, informen qué intervenciones están previstas y establezcan plazos verificables para atender las demandas planteadas.
Si bien los vecinos reconocieron el acompañamiento recibido desde el ámbito municipal, cuestionaron la falta de avances y la ausencia de una respuesta clara por parte de las autoridades de Infraestructura y Vialidad Provincial. La presentación ante la Defensoría del Pueblo constituye, en este contexto, un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de transformar los reclamos en decisiones concretas.
No es razonable que una comunidad deba reunir cientos de firmas y multiplicar gestiones para obtener soluciones frente a un problema que afecta su seguridad cotidiana. La conservación de las rutas constituye una obligación pública que requiere planificación, recursos y controles, no respuestas indefinidas.
El reclamo de Iglesia merece atención inmediata. Las autoridades deben inspeccionar el corredor, determinar las obras prioritarias y comunicar un cronograma de ejecución. La seguridad de quienes transitan por la Ruta Nacional 150 no admite más demoras ni justificaciones: exige respuestas y soluciones concretas.