Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista
España, ante un adelanto electoral marcado por las disputas
El anuncio de convocatoria adelantada a elecciones realizado hace pocos días por el presidente español Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre, cambia totalmente el clima político de intensa agresividad en el país. Sin embargo a nivel macroeconómico España acaba de ser destacada como sólida por miembros de la propia Unión Europea (UE), y como reconocen también medios prestigiosos como "El País" y "El Economista" "la economía crece notablemente por encima del promedio de la UE, a la que pertenece". Se llega a reconocer inclusive que "el Producto Interior Bruto (PIB) de España lidera la expansión entre las grandes potencias económicas del bloque, creciendo a un ritmo que duplica o incluso triplica el de países vecinos como Alemania o Francia". Pero no todo lo que brilla es oro ya que también se reconoce que esa realidad macroeconómica "convive con debilidades estructurales que afectan el día a día de sus ciudadanos". Por ejemplo, la falta de viviendas. Precisamente el caso que terminó explotando en las manos de Sánchez, de su gobierno y que se proyectó de pronto en todo el mundo desde la mismísima Puerta del Sol, "Km 0" de Madrid, fue la impactante manifestación con acampe incluido de parte de los casi 25 mil desahuciados que hay en España desde hace varios años. Son ciudadanos afectados por procesos judiciales que buscan desalojarlos de una vivienda por retraso o falta de pago. DIARIO DE CUYO se ocupó del tema de Maricarmen, la anciana de 87 años que quedaba en la calle, y que acaba de morir de "un cuadro de agotamiento severo y estrés". Su problema fue calificado de "desahucio viral" ya que se convirtió en "bandera de la indignación" por uno de los problemas que más reclaman los españoles, el acceso a la vivienda. La mujer era una de las miles que sufría el desahucio y que quedaba en la calle por morosidad y otros problemas vinculados a "salarios y pensiones que no crecen al mismo ritmo que el costo de la vida en el país, además del sobreendeudamiento familiar". A ello se suma la inseguridad jurídica y el miedo al impago que muestran los propietarios de viviendas de alquiler.
Ante esta situación que explotaba desde Madrid a todo el reino, hace pocos días, Pedro Sánchez presentó dos decretos que buscaban solucionar algunas de las cuestiones más urgentes (como la protección ante los desahucios o las ayudas económicas en forma de beneficios fiscales) y avalar a las formaciones de izquierdas, que proponían una prórroga automática de los alquileres. Pero el Congreso rechazó los dos decretos y todo sigue a la espera de nuevas soluciones. A todo esto se suma algo muy duro para el presidente: lo que se viene escuchando en las sesiones cuando la oposición lo acusa por los casos de corrupción que implican a su partido socialista (PSOE) e incluso a su propia esposa. Temas que dirime la Justicia española en estos momentos. Pero, volviendo a lo político propiamente dicho, el presidente Sánchez ya se había acostumbrado a soportar enormes acusaciones de "desgobierno" por parte de una oposición parlamentaria que no ahorra críticas y hasta improperios. Precisamente las discusiones en el Parlamento fueron permanentes y prácticamente muy similares a las que se sucedieron desde que asumió este periodo y por tercera vez la presidencia el 16 de noviembre de 2023. Pero, más allá de algún lenguaje pasado de tono, cada sesión de la Cámara de Diputados ha sido siempre una lección de democracia que en Argentina raramente se ve, más allá de las diferencias de las estructuras de gobierno de ambos países. A lo largo del año el presidente español escuchaba pedidos de adelanto de las elecciones en cada sesión, pero el respondía que juraba una y otra vez que gobernaría hasta el 2027 cuando finalizara su mandato. Ahora en la primera semana de octubre, no soportó más tan alta presión y el nivel de repercusión de los desahucios citados y terminó anunciando el adelanto electoral. Así que, como queda dicho, las elecciones serán el próximo 29 de noviembre.
Pero también alimentó de alguna manera la decisión de convocar a elecciones adelantadas las repercusiones que seguía teniendo la llamada "crisis de Ceuta" ocasionada por un grave incidente migratorio ocurrido a finales de julio de este año, cuando decenas de miles de ciudadanos marroquíes cruzaron de forma irregular desde Marruecos hacia la Comunidad Autónoma española de Ceuta. Un tema sin resolver todavía y que implicó graves problemas al gobierno español, tanto que hasta ha intervenido el rey Felipe VI, jefe del Estado que, los días 13 y 14 de octubre visitará Ceuta junto a su esposa la reina Letizia. Todo un símbolo de la necesidad de resolver un problema internacional y sobre lo que el rey ha hecho observaciones al presidente, más allá que el soberano no puede inmiscuirse en problemas políticos ni crisis de este tipo. Precisamente un dato que podría calificarse de inédito en la historia de los 50 años de la democracia española, es que en los dos últimos años, se han producido sensibles enfrentamientos políticos y de gobierno, según se hizo público en medios españoles, entre el jefe del Estado y el presidente. Sánchez se ha venido mostrando discretamente "anti monárquico" a lo largo de su gestión, y por tanto con "sentimientos republicanos" evidentes. Una situación semejante no se había visto nunca antes, incluso cuando han gobernado también líderes de izquierda como los 12 años del ex presidente Felipe González, de brillante gestión e inmejorable relación institucional. Tanto que González llegó a decir al final de su mandato: "Lo mejor que le puede pasar a España en el siglo XXI es que siga siendo una monarquía parlamentaria". Ahora habrá que esperar que llegue el 29 de noviembre y conocer los resultados de las elecciones. Sánchez, de 54 años, se presentará y habrá o no sorpresa si logra unirse la ultraderecha y la derecha en su contra, lo que imposibilitaría al socialismo continuar en el poder. Finalmente, hay que recordar que la monarquía parlamentaria española no es eterna, solo basta que algún día se plantee en Diputados un proyecto para tratar su abolición en el marco de la Constitución vigente desde 1978, y se vería cuántos están en contra y cuantos a favor de la continuidad.