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LATINOAMÉRICA

Juntos contra el crimen organizado

Por Luis Eduardo Meglioli 4 de junio de 2026 - 05:00

Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el costo directo del crimen en América Latina y el Caribe equivale al 78% del presupuesto público regional destinado a Educación. Estos datos están respaldados también por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así las cosas, con el compromiso de generar inmediatas estrategias conjuntas, cinco países latinoamericanos como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú acaban de reunirse, convocados en Santiago de Chile por el presidente José Antonio Kast, buscando frenar el avance de la delincuencia internacional. Para ello han adoptado el "Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional", estableciendo puntos en común y ejes de acción que acaban de comenzar con el férreo control fronterizo en cada uno de estos países. Según la oficina de Información Pública del gobierno en Santiago de Chile, esto se concreta con la mejora de los protocolos de seguridad conjunta y la vigilancia en las fronteras que comparten estos países para evitar el cruce de prófugos y mercancías ilícitas, incluyendo, naturalmente, "medidas de control migratorio y financiero". A su vez se ha establecido "compartir información estratégica sobre el modo de operación de las bandas delictivas que operan a nivel regional; perseguir y cortar los flujos financieros ilícitos para golpear la economía y el lavado de activos de estas organizaciones", según el documento firmado. Mientras tanto, el Diario La Tercera, de Santiago, destaca que este pacto subregional consolida una hoja de ruta concreta, medible y verificable frente a la amenaza de las mafias internacionales.

Otra de las áreas prioritarias es la imperiosa necesidad de "cooperación institucional, homologando técnicas y asistencia entre las fuerzas de seguridad y ministerios públicos de los cinco países, para agilizar las investigaciones". Y se suma también la decisión de "crear herramientas de respuesta rápida para proteger la institucionalidad democrática frente a la escalada del narcotráfico y la violencia".

Ya sabemos que los objetivos de la violencia organizada no solo son obtener dinero ilícitamente, sino lograr jerarquía en determinados sectores de poder mediante la violencia, la corrupción y el lavado de activos. Al inaugurar estas deliberaciones, el presidente chileno José Antonio Kast advirtió que "el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades". Para analistas locales, este pensamiento del mandatario refleja "el sostenido avance del narcotráfico, las organizaciones criminales que operan sin respetar fronteras, y el sicariato, que es como se denomina al asesinato de una persona por encargo a cambio de un pago, recompensa o beneficio económico. A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores del mismo país, Francisco Pérez Mackenna, reconoció que "vamos a hacer frente a la delincuencia, unidos; queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas; los esfuerzos nacionales han sido insuficientes frente a una amenaza de naturaleza transfronteriza".

Autoridades de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú se reunieron en Santiago. Autoridades de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú se reunieron en Santiago.

El documento firmado por los representantes de Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, fija medidas como "el intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías; coordinación fronteriza; trazabilidad de flujos financieros ilícitos; cooperación entre organismos técnicos nacionales, y el fortalecimiento de los mecanismos regionales de respuesta". Por Argentina participó su canciller, Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró al finalizar la reunión que la Declaración Conjunta "no es de buenas intenciones, sino para ordenar prioridades, fijar líneas de trabajo y ofrecer una base robusta", para que la cooperación se convierta en una herramienta eficaz. Por su parte, al explicar su situación, la delegación de Ecuador encabezada por su canciller Gabriela Sommerfeld, detalló con crudeza el contexto de violencia "provocada por las organizaciones narcotraficantes". Mientras tanto Carlos Pareja, canciller de Perú llegó a describir como "alarmante y creciente" la situación de delitos como el sicariato, las extorsiones y los secuestros, provocados "por estas mafias acostumbradas a cruzar fronteras". A la hora de Bolivia, país que sufre desde hace dos semanas enfrentamientos internos con masivas protestas contra medidas económicas del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, su canciller Fernando Aramayo, subrayó que este acuerdo latinoamericano "debe involucrar también a las sociedades civiles. Recordemos que, salvo Perú, en medio de la última parte de su proceso electoral para elegir nuevo presidente de la Nación, todos los países participantes poseen gobiernos de derecha o extrema derecha y participan del Escudo de las Américas, creado en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental".

En otro momento de su exposición Kast mencionó "la recuperación del control de las cárceles en Argentina", como ejemplo de las políticas regionales que apuntan en esa dirección, y aseguró que la región aprendió que el crimen organizado no descansa y que las respuestas fragmentadas solo alimentan su expansión. A su vez y por todo esto, según "El Deber" de Bolivia, el Compromiso de Santiago es, por ahora, la apuesta más ambiciosa para cambiar esa ecuación. Las autoridades de los cinco países convocados por Chile concluyeron que "la delincuencia superó las fronteras nacionales, haciendo que los esfuerzos individuales de cada país sean insuficientes y requieran una acción internacional coordinada". Se acordó formar un Grupo de Trabajo técnico-operativo encargado de diseñar medidas medibles y verificables en áreas como inteligencia financiera, control migratorio y coordinación fronteriza. El grupo presentará avances en un plazo de 90 días, y los ministros se reunirán nuevamente dentro de 180 días, esta vez en Buenos Aires, para evaluar la hoja de ruta y la posible integración de más países y mostrar los primeros resultados de este trabajo conjunto.

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