Por Por Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
La dialéctica de la grieta y la negación de la alternancia
La arquitectura de una república constitucional se fundamenta en un principio que excede lo formal: la certeza de que el poder es transitorio. La periodicidad de los mandatos y la posibilidad real de que diferentes fuerzas políticas se sucedan en la gestión pública constituyen las verdaderas salvaguardas de la libertad civil. Cuando un sistema representativo funciona con regularidad, la alternancia se procesa como un acontecimiento ordinario y previsible dentro del calendario institucional.
Sin embargo, los escenarios contemporáneos de polarización extrema —fenómeno globalizado bajo la metáfora de "la grieta"— han inoculado una patología severa en este engranaje. La competencia regulada entre facciones políticas ha mutado en una confrontación de orden totalizante, donde el triunfo de un sector se percibe como la fundación definitiva de la comunidad y la derrota como la extinción histórica del propio espacio. Bajo este esquema mental, la rotación de los partidos en el ejercicio del Estado deja de ser una opción democrática y pasa a considerarse una catástrofe institucional o una traición al destino manifiesto de la nación.
El debilitamiento de la alternancia no opera de manera abstracta; se traduce en una erosión progresiva de las reglas de juego. Cuando los actores políticos asumen que el oponente carece de la dignidad mínima para gobernar, los mecanismos de control recíproco y los contrapesos parlamentarios se transforman en obstáculos que deben ser removidos. El objetivo de la acción política ya no consiste en persuadir a una mayoría circunstancial para aplicar un programa de gobierno, sino en construir una hegemonía perdurable que clausure, de una vez y para siempre, la viabilidad del adversario.
Nicaragua y los Ortega
El ejemplo más drástico y acabado de esta desviación ontológica en la región latinoamericana lo ofrece el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. En este caso, la dialéctica de la alternancia ha sido formal y materialmente suprimida mediante el uso monopolístico de la fuerza estatal y la reconfiguración punitiva del ordenamiento jurídico. El gobierno nicaragüense no compite dentro del sistema; ha convertido al Estado en un instrumento de persecución total contra cualquier forma de disidencia.
La anulación de la alternancia en Nicaragua se consumó mediante la categorización del opositor ya no como un competidor electoral, sino como un "traidor a la patria" y un agente apátrida al servicio de potencias extranjeras. Bajo esta premisa existencial, el régimen legitimó el encarcelamiento sistemático de candidatos presidenciales, el cierre forzoso de organizaciones de la sociedad civil y la confiscación de medios de comunicación independientes. La cúspide de esta política de extirpación ontológica fue el despojo de la nacionalidad y el destierro de cientos de ciudadanos críticos, una medida que ilustra a la perfección el deseo de suprimir la existencia misma del disidente.
La respuesta de Perón
En el extremo opuesto del espectro conceptual, la historia política argentina ofrece un intento explícito por retornar el conflicto del plano ontológico al plano de la razón y del reconocimiento mutuo. Durante sus últimos años de vida, tras regresar de un largo exilio, el general Juan Domingo Perón pronunció una reformulación drástica de una de las máximas fundacionales de su propio movimiento: "Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino", modificando la antigua consigna verticalista que rezaba "Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista".
Esta modificación discursiva, lejos de constituir un mero giro retórico o un gesto de debilidad senil, representó una profunda intuición de carácter institucional. Perón comprendió que las décadas de violencia política, proscripciones y enfrentamientos armados en la Argentina eran el resultado directo de haber tratado la contradicción partidaria como una guerra ontológica de exterminio mutuo. Al postular que la condición común de la ciudadanía (el ser argentino) debía primar sobre la identidad facciosa, se intentó recrear un marco de contención superior que hiciera viable la convivencia democrática.
El postulado peronista de la unidad nacional buscaba restablecer la posibilidad de la síntesis hegeliana. Si ambas facciones se reconocían como partes legítimas e integrantes de una misma comunidad política, el conflicto de visiones socioeconómicas podía procesarse a través de canales institucionales sin derivar en la liquidación del adversario.
El discurso de Milei frente a Lula
Un escenario contemporáneo que ilustra la recaída en la contradicción ontológica y la negación de la legitimidad del oponente se observa en la retórica de Javier Milei respecto al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. La caracterización del proyecto de la socialdemocracia brasileña y del progresismo regional como "comunismo empobrecedor", "corrupción intrínseca" o un "mal de índole moral" desplaza el eje de la discusión desde la evaluación pragmática de las políticas públicas hacia una confrontación de absolutos metafísicos.
Cuando la crítica política se formula en términos de una cruzada contra un mal absoluto, el debate democrático tradicional queda desarticulado. Bajo esta óptica dogmática, el socialismo o el intervencionismo estatal no son tratados como programas económicos alternativos —cuya eficacia o ineficacia deba ser demostrada en el parlamento o en las urnas mediante argumentos de la razón—, sino como patologías morales que destruyen la civilización. En consecuencia, la alternancia gubernamental con fuerzas de ese signo se asume como una claudicación inaceptable frente a las fuerzas de la decadencia.
Esta moralización de la política no solo tensiona los vínculos diplomáticos y comerciales bilaterales, sino que debilita la cultura democrática interna de las naciones.
Conclusión
La persistencia de la grieta y la moralización de la disputa política representan una regresión severa hacia formas primitivas de organización social, donde el orden se mantiene únicamente mediante la exclusión o el sometimiento del otro. Cuando los líderes y los partidos políticos abandonan la convicción de que la alternancia en el poder es un valor republicano irrenunciable, el sistema constitucional entero ingresa en una fase de vulnerabilidad extrema, quedando expuesto a derivas autoritarias o a crisis crónicas de gobernabilidad.
Es necesario reinstalar la contradicción política en el plano de la racionalidad y del debate programático, asumiendo que el pluralismo no es una debilidad del sistema, sino su principal fortaleza. Solo mediante el reconocimiento recíproco de los actores políticos como competidores legítimos y la sujeción estricta a las reglas de juego establecidas en la Carta Magna será posible garantizar la seguridad jurídica, la paz social y la vigencia plena de la república.