La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de la principal transportadora de electricidad del país marca un nuevo capítulo en el profundo proceso de redefinición del rol del Estado en áreas estratégicas de la economía argentina. La venta por 356 millones de dólares del paquete accionario estatal de la controlante de Transener, conocida la semana pasada, no es un hecho menor: implica el retiro definitivo del Estado nacional de una empresa clave para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino y abre un debate que excede lo estrictamente económico.
La energía en manos privadas: una decisión de alto impacto estratégico
A través de la resolución 673, el Ejecutivo adjudicó el 100% de las acciones estatales de Citelec -la sociedad controlante de Transener- al consorcio integrado por Genneia y Grupo Edison, ambos de capitales argentinos. De este modo, el Gobierno profundiza el proceso de privatización de Enarsa iniciado tras la aprobación de la Ley Bases, bajo el argumento de que el sector privado debe recuperar el protagonismo en materia de gestión e inversiones energéticas.
La operación adquiere especial relevancia si se considera el carácter estratégico de Transener dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La compañía administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 Kv que recorren el país de norte a sur, enlazando provincias y garantizando el transporte de energía hacia millones de hogares, industrias y actividades productivas. Se trata de una infraestructura esencial para el desarrollo nacional y para la estabilidad del sistema energético argentino.
El Gobierno sostiene que el Estado debe abandonar su rol empresario y concentrarse en funciones regulatorias y de control. Bajo esa lógica, considera que la inversión privada puede aportar mayor eficiencia, modernización y capacidad de financiamiento en un sector que requiere permanentes obras de ampliación y mantenimiento. En un contexto económico marcado por restricciones fiscales y déficit de infraestructura, el argumento no deja de tener sustento.
Sin embargo, la experiencia argentina en materia de privatizaciones obliga a mantener una mirada prudente. La energía no es un servicio cualquiera: constituye un recurso estratégico vinculado directamente al desarrollo productivo, la competitividad y la calidad de vida de la población. Por eso, cualquier proceso de transferencia al sector privado debe ir acompañado de sólidos mecanismos de regulación estatal que garanticen inversiones, tarifas razonables y continuidad del servicio.
La venta de Transener también anticipa nuevas etapas del plan oficial. Tras la privatización de las represas del Comahue, el Gobierno ya proyecta concesiones para centrales hidroeléctricas ubicadas en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. El escenario plantea un cambio estructural en el modelo energético argentino, donde el Estado pasará a tener una participación cada vez más reducida.
La discusión de fondo no debería limitarse a la dicotomía entre estatización o privatización. El verdadero desafío consiste en asegurar que los recursos estratégicos del país sean administrados con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo, priorizando siempre el interés general por encima de cualquier coyuntura política o económica.