Por Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
La justicia social es un mandato federal y no un delito macroeconómico
El ahogo financiero que sufren las provincias argentinas ha encontrado su punto de máxima tensión en el debate en torno a la coparticipación federal de impuestos. Mientras los gobernadores reclaman legítimamente por los recursos que por ley y derecho les corresponden para sostener la salud, la educación y la seguridad en sus territorios, el Poder Ejecutivo Nacional opone una resistencia inflexible, amparada en un dogma que ya roza el fundamentalismo macroeconómico.
Esta cerrazón conceptual del equipo económico, autoproclamado seguidor de las teorías más rígidas del monetarismo, tiene una correlación directa con decisiones recientes que han encendido las alarmas en el mercado financiero. La negativa del Banco Central a comprar la totalidad de los dólares disponibles en la banda cambiaria —desoyendo incluso las sugerencias explícitamente públicas de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para robustecer las reservas netas— obedece al mismo y único temor: evitar a cualquier costo la liberación de pesos a la plaza.
El doble torniquete sobre el interior productivo
Bajo la premisa de la "emisión cero", el Palacio de Hacienda prefiere dejar pasar la oportunidad de acumular reservas internacionales antes que convalidar una inyección de moneda local que alivie la asfixia del circuito comercial. Es una estrategia de laboratorio que prioriza la frialdad de los indicadores de inflación por sobre la supervivencia de la economía real. Al secar la plaza y restringir de manera simultánea los fondos coparticipables, el Gobierno nacional genera una pinza letal sobre el interior del país.
Este torniquete no solo acarrea consecuencias devastadoras en el consumo y la producción regional; también colisiona de frente con el ordenamiento jurídico fundamental de la Nación. Desde la cúspide del poder político actual se suele alardear con que nuestra Carta Magna, al tener una matriz histórica liberal, se contradice con el concepto de justicia social, al punto de repudiarlo y criminalizarlo discursivamente. Sin embargo, ese relato oficial queda tajantemente desmentido por la propia carta magna nacional En la reforma de 1994, el Artículo 75, inciso 19, consagró la denominada "Cláusula del Progreso", que de manera taxativa ordena al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. No se trata de una opción ideológica de turno, sino de un mandato de rango constitucional.
El rol federal y la misión monetaria del BCRA
Esta base jurídica y de equidad territorial es la que habilita, fundamenta y le exige una conducta distinta al Banco Central de la República Argentina.
Como entidad rectora del crédito y la moneda, el BCRA debe contemplar un objeto financiero de carácter estrictamente federal y productivo. Su misión institucional no puede reducirse a una calculadora de esterilización monetaria; su deber es proveer una cantidad de moneda prudente y acorde al desarrollo económico del mercado interno. Deshabitar de manera deliberada las necesidades materiales de las provincias y del pueblo, privándolos del circulante indispensable para transaccionar y producir, constituye una flagrante desatención del pacto federal preexistente. La macroeconomía debe estar al servicio de la producción y del bienestar de los ciudadanos amparados por la ley, y no transformarse en un dogma teórico que quiebre las bases mismas de la organización nacional.
La necesaria autocrítica del legislador federal
El avance del extremismo monetarista sobre el tejido productivo del interior del país no es un fenómeno que se explique únicamente por la audacia de los tecnócratas del Palacio de Hacienda o el rigor dogmático de los "Milton Friedman Boys". Toda avanzada ejecutiva requiere de una contraparte de silencios, omisiones o complicidades explícitas en el ámbito institucional. Es aquí donde se vuelve imperativo abrir un capítulo de profunda autocrítica sobre el rol que ha venido desempeñando el Congreso de la Nación, un órgano que, por definición y diseño constitucional, debiera erigirse como el escudo protector de los intereses de las provincias y de su pueblo.
Nuestra estructura bicameral fue concebida bajo una premisa federal ineludible: equilibrar la representación poblacional con la igualdad de los Estados provinciales. Sin embargo, asistimos a una paradoja alarmante. A pesar de que la abrumadora mayoría de los representantes en ambas cámaras pertenecen y responden a los distritos del interior profundo, el Parlamento ha convalidado, mediante el voto de leyes clave o la pasividad legislativa, el andamiaje normativo que hoy le permite al Gobierno central asfixiar a las economías regionales.
Disciplina partidaria vs. mandato federal
Los legisladores nacionales del interior deben interrogarse frente al espejo de sus mandatos: ¿cómo es posible que, representando a provincias postergadas por el centralismo, terminen votando delegaciones de facultades o leyes de emergencia que habilitan el desguace del federalismo fiscal? ¿Por qué se ha tolerado la parálisis de los fondos coparticipables o la inacción del Banco Central frente a las necesidades del mercado interno, sin hacer valer el peso de las mayorías parlamentarias regionales?
La disciplina partidaria, las negociaciones de corto plazo por partidas de obras públicas que luego se licúan, o el simple temor al costo político de la confrontación mediática han desdibujado el carácter federal de la representación legislativa. Votar leyes que facilitan la sequía de pesos y el ahogo financiero de las autonomías provinciales es vaciar de contenido la propia base electoral que los ungió.
La "Cláusula del Progreso" con justicia social que manda el Artículo 75, inciso 19 de la Constitución, no es una mera declaración poética; es una guía de votación obligatoria para el legislador. Recuperar el sentido federal del Congreso exige una urgente rectificación de conducta. El Parlamento debe dejar de ser una escribanía que convalida experimentos de laboratorio de la Capital Federal para volver a ser el garante del equilibrio, la producción y la subsistencia material de las provincias de la República.